Sostuvo que la respuesta de Jorge Gross Brown y Mauricio Salgueiro, de Colab Abogados EAS, además de jurídicamente sostenible, es política y filosóficamente la correcta. “La libertad no puede avasallarse”, aseveró.
Dijo que la rendición de cuentas no se basa en la “mera idea de transparencia, sino en la responsabilidad que supone la administración de la cosa ajena”. Pero para que haya tal rendición, la Comisión de la Bicameral “debe mostrar primero esa relación con la cosa que considera suya”.
Manifestó que la posición y la respuesta, propia de una entidad privada, con fines privados, integrada por ciudadanos del sector privado, no están administrando cosas públicas que exijan o justifiquen rendición alguna a una comisión parlamentaria de este ni de ningún tipo.
En ese sentido, precisó que la prestación del servicio privado señalada por Colab a una institución como Usaid, que no es el Estado paraguayo, mal podría caer dentro del ámbito público de tales rendiciones, pues es completamente distinto del interés público invocado.
Añadió que no se debe convertir la transparencia en un eufemismo que abra las puertas y justifique la arbitrariedad, convirtiendo su finalidad en una investigación infundada. “Libertad al ciudadano, limitación al poder, actos públicos fundados. Esa es la esencia de la Constitución”, expresó el abogado.
Afirmó que apoya los argumentos expresados “en contra de esa visión policiaca del infundado pedido de la comisión”. Cabe señalar que el estudio jurídico trabaja en una serie de proyectos con la USAID.
Colab Abogados trabaja en un proyecto de fortalecimiento del sistema judicial y en la nota enviada a la Comisión Bicameral de Investigación, cuestiona qué relación tendría esto con el lavado de activos y, de igual manera, qué atribuciones tiene la comisión para realizar ese tipo de requerimientos.
El proyecto que ya ha culminado consistía en proponer a la Corte Suprema de Justicia soluciones eficaces e innovadoras a través del uso de herramientas tecnológicas para acelerar procesos que generalmente tienen retrasos.
Los abogados indicaron que los fondos recibidos bajo el proyecto de Usaid no fueron destinados a ningún funcionario público ni fue utilizado por ninguna institución pública. “Las soluciones propuestas no tienen carácter obligatorio para la Corte, sino son recomendaciones basadas en diagnósticos cuantitativos y cualitativos”, explicaron.
“La escueta nota recibida de la Comisión Bicameral ofende no solamente por su simpleza y falta de sustanciación, sino también porque irrita los cimientos republicanos del Estado de derecho pidiendo información de carácter privado a una empresa privada dentro del marco de una supuesta investigación de actos ilícitos y de lavado de dinero”, refiere la nota. Además, sostienen que la CBI no puede acudir a una interpretación amplia del concepto “interés público” ya que una interpretación amplia colisiona y viola principios y garantías constitucionales, como el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad y el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental de las personas privadas.
“A la CBI les pedimos por favor que suelten el macartismo desfasado y demodé”, dice también parte de la nota, haciendo alusión a una época de intensa persecución política en los Estados Unidos durante la década de 1950, donde se perseguía a comunistas.
“Nuestra organización no tiene afiliaciones partidarias ni preferencias políticas. Somos un estudio jurídico que enfatiza lo técnico, creyentes en el estado de derecho y dispuestos a fortalecerlo. Es por ese motivo que postulamos al proyecto de fortalecimiento de derecho de Usaid”, afirman los abogados.
No hay que convertir la transparencia en un eufemismo que abra las puertas y justifique la arbitrariedad. Manuel Riera, abogado.
