Contrariando disposiciones legales, los bonos emitidos para obras que debían realizarse en la gestión del intendente Óscar Rodríguez fueron usados en gastos corrientes. No obstante, el jefe comunal no enseña las facturas que comprueben en qué gastó los G. 500.000 millones que hasta los usuarios en internet le reclaman a diario, en casi todos los espacios en donde se lo menciona.
Con toda coherencia, la operación que desea realizar ahora, la de subastar la Costanera de Asunción, provoca preocupación no solo en sectores populares, sino también en gremios como la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, la Asociación de Profesionales de la Construcción y profesionales urbanistas, entre ellos Gonzalo Garay y el arquitecto y ex concejal de Asunción, Federico Franco Troche.
En un diálogo con ÚH, el profesional indicó que la reciente aprobación del Pliego de Bases y Condiciones para la subasta de la Costanera es un hecho “gravísimo, realmente alarmante, y tiene que ver con la situación que vive el país actualmente, de absoluta impunidad, donde se cometen hechos graves y no hay sanción para la gente involucrada”.
“Es una decisión que raya lo ilegal y que compromete incluso conductas penales”, dijo Troche, mencionando que, de concretarse una operación de venta, incluso podría hacerse una denuncia penal por lesión de confianza y por daño patrimonial.
“La operación no se compadece de las ordenanzas municipales, y en el ámbito de la administración, en el ámbito de lo público, el administrador solo puede hacer lo que le está expresamente permitido por la ley y por las normas”, explicó.
Apuntó también a que no se están teniendo en cuenta las leyes relacionadas con la venta de bienes y servicios. “No existe un estudio de factibilidad específica para esta operación, no se está demostrando que esto sea de utilidad para la ciudad o mejor que el proyecto de la Franja Costera”.
Lea más: Junta aprueba venta de tierras y ya piensa en otra subasta
Proyecto original fue interrumpido antes de recibir apoyo del Banco Mundial
Todo el proyecto de la Franja Costera, de acuerdo con el arquitecto, estaba pensado en función al rellenado de tierras para poder llevar adelante los programas y trabajos que contempla el Plan Maestro.
“Cuando se hizo el llamado a licitación, en la administración de Mario Ferreiro (2016-2019), yo me opuse con el criterio de que el llamado debía hacerse para que el sector privado se haga cargo del relleno, pero no con fondos municipales”.
Precisamente, “porque los procesos municipales son mucho más largos, entonces resulta más difícil la implementación del proyecto”.
En el marco de esta iniciativa, se destinaron G. 20 mil millones para llevar adelante un proyecto que buscaba desarrollar 10 hectáreas de la Costanera, a través de un componente: el del distrito eco-inclusivo.
Según Troche, este componente “contemplaba ceder una parte del territorio al sector privado, para desarrollo inmobiliario, otro sector para las áreas públicas, calles, pavimentación, iluminación, y un sector destinado a viviendas sociales. Todo esto se pensaba hacer a través de una comisión”.
El Banco Mundial, como se puede leer en su página web, aprobó en noviembre del 2022 un financiamiento de 105 millones de dólares para desarrollar la Franja Costera de Asunción.
Este fue el puntapié inicial para empezar los trabajos en la Costanera, como dejó constancia la concejala Paulina Serrano en una de las últimas sesiones de la Junta Municipal, contradiciendo al intendente.
Rodríguez dijo en tal ocasión que “se va a quedar en la historia (...)que esta administración fue la que hizo el puntapié inicial, la que presentó el proyecto de la Franja, porque nunca se presentó ningún Plan Maestro”.
Ahora surge este llamado que no tiene un solo proyecto, se van a simplemente poner a disposición del sector privado esas 6 hectáreas para obtener recursos.
El director del Banco Mundial, Jordan Schwartz, expresó en ocasión del financiamiento que el proyecto a ser desarrollado con este dinero “busca dar respuesta a las comunidades vulnerables que habitan la zona y que ahora tendrán una solución definitiva a problemas históricos, así como a los habitantes y visitantes de Asunción, que podrán disfrutar de renovados espacios públicos de alta calidad”.
En un comunicado del Banco Mundial se puede leer que con este financiamiento se contempla “trabajar en un distrito eco-inclusivo que permita dar reasentamiento definitivo a las familias en el marco de un vecindario mixto, inclusivo y resiliencia al cambio climático”.
De modo que se buscaría, siempre según el comunicado, mejorar 3 espacios públicos clave como las plazas del centro histórico, el Parque Caballero y la reserva del Banco San Miguel, “con el fin de apoyar actividades comerciales, de recreación y de turismo para atraer y retener oportunidades de empleo y preservar el patrimonio cultural”.
Federico Troche mencionó que todo el proyecto “estaba en función al desarrollo de este sector en particular, a la asistencia a las familias afectadas por las inundaciones y también a la construcción de viviendas sociales, espacios públicos e infraestructura”.
Efectivamente, en el comunicado del Banco Mundial se puede leer que “se financiarán actividades para apoyar el desarrollo socioeconómico de las comunidades de los bañados, y el diseño urbano participativo, enfatizando la participación de mujeres y personas pertenecientes a grupos vulnerables y trabajadores de la economía informal”.
Incluso el ex ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Carlos Alberto Pereira, señala en dicho escrito que el proyecto “es clave para nuestra capital, considerando el cambio climático” y que “se estima que el área experimentará el doble de eventos extremos para el 2040, y estas medidas son críticas para mitigar riesgos y adaptar a Asunción frente a futuros eventos climáticos”. ¿Es comparable un componente como este con la mera subasta que planea realizar Nenecho?
Lea más: Nenecho deja sin fondos a Terminal y usará bonos para “arreglar” calles
Una pérdida patrimonial que requiere la movilización ciudadana
El arquitecto y ex concejal Federico Franco Troche, al igual que los concejales opositores y los profesionales urbanistas, asegura que la subasta de las tierras de la Costanera no contempla un proyecto específico para la zona.
No existen, de hecho, detalles estratégicos sobre la operación, más allá de las declaraciones barnizadas de Nelson Mora y Nenecho, que destacan un futuro con una costanera amigable para el peatón y la clase empresarial.
“El proyecto de eco-distrito se interrumpió, y ahora surge este llamado que no tiene un solo proyecto, se van a simplemente poner a disposición del sector privado esas 6 hectáreas para obtener recursos”, criticó Troche.
Aludió además a la recomendación realizada en el dictamen aprobado por la Junta Municipal, que dice: “Encomendar a la Intendencia Municipal que un porcentaje de la venta de dichas tierras deberá ser invertida en la misma zona, para mejoramiento y puesta en valor del lugar”.
La recomendación dicta también que la Intendencia remita a la Junta un plan de inversión con respecto al destino de los fondos en un plazo no mayor a 60 días.
“Una recomendación es eso, no obliga necesariamente a la Municipalidad”, objetó Troche, apuntando a que el verdadero objetivo, en sus palabras, es obtener recursos para salvar el déficit financiero que tiene la Comuna.
“Porque no existe un proyecto específico; el proyecto, así como fue lanzado, como está en el Pliego, no responde a las normativas que rigen para todo el sector, no responde al Plan de la Franja Costera, no responde a los criterios que se establecen para la venta de tierras municipales y, sobre todo, no cuenta con un proyecto específico para ese sector. No se sabe qué se va a hacer ahí".
Reiteró que se puede hablar de un caso de lesión de confianza y daño patrimonial porque no se hicieron los estudios de efectividad adecuados para comprobar si realmente el proceso de subasta de tierras es la mejor opción, tanto para la Municipalidad como para el interés público.
“Porque si se va a tratar solamente de un proyecto para salvar déficit temporal de caja que tiene la Municipalidad, obviamente no estamos respondiendo a defender el interés público, que debe ser el objetivo principal de toda administración”.
La posible subasta, que ya es casi un hecho, no sólo comprometería a los ciudadanos y a los problemas ambientales que existen en la zona, sino que podría dañar a las administraciones futuras, que cargarán con una enorme deuda.
“Toda su dedicación, al menos para quien asuma con buen criterio, va a estar destinada a cubrir los baches que deja esta administración. Literal”, concluyó Troche, haciendo a la vez un llamado a la ciudadanía: “La única forma de frenar esto es que la ciudadanía se movilice”.
