Los edificios del palacete municipal, Junta Municipal y la muralla de la Parroquia María Auxiliadora amanecieron ayer llenos de grafitis acusatorios al intendente Alejandro Urbieta y concejales municipales. “Tati ladrón, corrupto”, “Cocaína”, “Deja la merca”, “Concejales vendidos”, fueron algunas de las expresiones que quedaron patentes en los edificios.
Alejandro Urbieta denunció a través de un medio de prensa que un grupo político está armando una estrategia para eliminarlo. “Un hombre llegó a contarme lo que se trató en una reunión en un lugar determinado que tenemos identificado”, señaló.
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Dijo que la preocupación del equipo político es que su administración va a recibir de nuevo el desembolso de royalties y Fonacide y, que, si eso ocurre, supuestamente no le podrán atajar políticamente. “’O renuncia o sino ñamboviajarã kóa (le hacemos viajar)’, dijeron en la reunión y hablaron de G. 150 millones por mi cabeza”, relató Urbieta.
A esta denuncia, Germán Rojas, uno de los detractores de Urbieta, le respondió en las redes sociales diciéndole que nadie lo querrá matar, pero que sí quieren verlo en la cárcel por años, “principalmente por ser un ladrón”.
El martes pasado, la Junta Municipal en mayoría le solicitó su renuncia al cargo. Los ediles consideran que Urbieta no puede seguir frente a la administración, ya que tiene cuantiosas deudas con el funcionariado, con los mismos concejales, no recibe desembolsos y tiene un pedido de intervención, entre otros.
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También semanas atrás, la misma corporación legislativa le había rechazado el balance 2019.
En la Cámara de Diputados existe un pedido de intervención, que según se supo, se demora la conformación de la comisión especial.