El contralor general de la República, Camilo Benítez, se ratificó en la denuncia de una serie de irregularidades detectadas en la auditoría realizada en varias instituciones públicas bajo la administración de Mario Abdo Benítez.
El contralor se reunió ayer con los senadores y citó entre los datos más relevantes el desembolso que hizo el Ministerio de Obras Públicas para el subsidio al transporte público.
En ese sentido, mencionó que mediante el endeudamiento del Estado las empresas de transporte del área metropolitana recibieron G. 645 mil millones en 9 años en concepto de subsidio.
“No solamente incluyó el subsidio al pasaje, sino también un aporte condicional para la renovación de la flota del transporte”, indicó.
Resaltó que al momento de la realización de la auditoría no se pudo demostrar que se hayan cumplido con la renovación.
“No hay evidencia de que las empresas hayan cumplido que las empresas hayan cumplido con la obligación de renovar sus flotas en tiempo y forma, como la normativa exige”, aseveró.
El contralor informó además que a partir del 2018, el subsidio tuvo un incremento importante, cerrando el ejercicio fiscal 2022 con un total de G. 263.000 millones pagados por el Estado en materia de subsidio, con un aumento del 453% desde el 2014 al 2022 en este concepto.
Siguió relatando que entre los años 2021 y 2022 “fue transferida a empresas de transporte la suma de G. 380.000 millones, financiados específicamente con Bonos del Tesoro emitidos en el mercado internacional”.
Precisó que se debe hacer una nueva fiscalización para saber si se ha cumplido o no con la renovación de la flota de transporte público.
descomunal. El informe socializado por Camilo Benítez es el más grande realizado hasta la actualidad con más de 4.000 actividades de control
Destacó que es importante especialmente para el Congreso analizar estos datos al momento de estudiar los subsidios. En cuanto al Ministerio de Educación, mencionó que falta incorporar al activo permanente de equipos de computación por valor de G. 7.300 millones que continúan en una cuenta transitoria. “Esto ocurre mucho en la administración pública. No existe el sinceramiento de los balances o la contabilidad”.
Mencionó que al cierre del año 2022, se vio la nula ejecución del Componente II Mejoramiento de las condiciones de transporte de estudiantes de escuelas oficiales del área rural financiados con préstamos BID, pese a que se disponía de créditos presupuestados por G. 21.490.870.588. “La no utilización genera un perjuicio porque se pagaron intereses por valor G. 3.600 millones”, destacó.
Remarcó de vuelta la falta de sinceramiento en la contabilidad, ya que las obras que figuran terminadas por G. 91.510.677.533 siguen estando pendientes. Además de una subvaluación del pasivo por el registro de los pagos realizados y no por el importe total de la facturación con el proveedor por G. 17.721.579.696, es decir, un ocultamiento de la situación real del ministerio.
hecho punible. Benítez dijo que todas las auditorías están siendo evaluadas por la Dirección de Auditoría Forense para determinar si las observaciones son administrativas o constituyen hechos punibles a los efectos de ser remitidos al Ministerio Público. Cabe señalar que la CGR ya remitió a la Fiscalía la denuncia relacionada a supuestos pagos realizados por el Instituto de Previsión Social (IPS) por más de G. 1 billón que no cuentan con los documentos respaldatorios, según el informe realizado sobre esta institución. Detectaron irregularidades en la construcción del Hospital Ingavi, el manejo de los bienes patrimoniales y escandaloso uso de combustibles.
Integrarán Bicameral de Control y otros 14 puntos
La mesa directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador, Raúl Latorre, estableció un total de 14 puntos en el orden del día a ser analizado en la sesión ordinaria prevista para este miércoles 13 de setiembre, a parir de las 09:00. Durante la plenaria se desprende el tratamiento de intervenciones.
Como primer punto se considerará el pedido de designación de cinco diputados nacionales para integrar la Comisión Bicameral encargada del estudio del informe y dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), sobre el informe financiero del Ministerio de Hacienda, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.
Esta comisión especial, se integra de conformidad al artículo 282 de la Constitución Nacional y el artículo 70 de la Ley 1535/99, “De Administración Financiera del Estado, y su modificatoria, la Ley N° 2515/2004”.
Las Cámaras de Senadores y de Diputados conformarán una Comisión Bicameral integrada con cinco senadores y cinco diputados, establece la referida normativa.
Agrega que la Comisión Bicameral, así constituida, tendrá un plazo máximo e improrrogable de cuarenta y cinco días para expedirse sobre el informe presentado, a cuyo efecto podrá solicitar todos los informes adicionales que requiera, tanto a los organismos y entidades del Estado.
Tras este periodo deberán elevar informe para el tratamiento en plenarias.
La CGR detectó una serie de irregularidades.
