Por ese motivo, surgieron sorpresivos proyectos parlamentarios que como reacción tardía proponían reducir salarios de funcionarios para destinarlos al Ministerio de Salud, aunque estos planteamientos no afectan a las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, cuyos fondos no forman parte del Presupuesto General de la Nación y funcionan de forma independiente. Igualmente, es en estos dos entes donde existe mayor despilfarro y privilegios.
Por tanto, desde diferentes sectores se habló de la necesidad de una reforma del Estado. Esto incluye, para algunas propuestas, reducir los salarios e incluso eliminar las entidades innecesarias como el Parlasur y las juntas departamentales. El gasto en estos conceptos representa para el país un monto aproximado de G. 138.000 millones anuales, que es una cifra que incluye salarios por año del presidente de la República, diputados y senadores, ministros de la Corte Suprema, directores y consejeros de las binacionales (26 altos cargos), más los presupuestos del Parlasur y las juntas departamentales.
Por otro lado, existen posiciones de que recortar salarios podría ser injusto para el sector público y que lo que deberían eliminarse son los privilegios, como lo sostuvo la diputada Kattya González, quien citó el concepto de presentismo como ejemplo, además de proponer el inicio de una reforma del Estado, que también fue mencionada por el diputado Basilio Bachi Núñez.
Asimismo, surgieron planteamientos, aunque temporales y que no solucionan el problema de fondo, como el presentado por diputados de Colorado Añetete, que establece el recorte del 20% de los salarios de todas las altas autoridades del Estado, para direccionarlos a Salud.
CONTRADICCIONES. Si bien se habló de recortes de altos sueldos desde el Congreso, para que todo sea destinado al plan de contingencia por la crisis sanitaria causada por el Covid-19, en el momento en que fue tratado el proyecto de emergencia, que habilita al Poder Ejecutivo a disponer de una línea de crédito de hasta USD 1.600 millones, entre otras medidas, ninguno planteó recortar privilegios.
Del monto total de la línea de crédito aprobada, serán destinados a Salud USD 530 millones, mientras que para el funcionamiento del Estado, que implica el pago de salarios, la cifra es de más de USD 600 millones.
Los diputados colorados, principalmente Derlis Maidana y otros cartistas, además se oponen al proyecto del Ejecutivo de destinar los royalties de los municipios y gobernaciones a Salud. Se trata de un monto de USD 45 millones.
Es más, firmaron otro proyecto que dispone que del total de los royalties que reciben los municipios el 50% sea destinado a gastos corrientes, ya que la ley habla actualmente de un 20%.
La mayoría además se opone a eliminar los seguros vip.