En el primero de los casos, un joven identificado como Bruno Olmedo denunció que se encontraba con su novio en una discoteca y que se les pidió que se retiraran por orden del gerente del lugar.
No obstante, cuando intentaron hablar con el empleado fueron recibidos por la jefa de seguridad, quien les informó que podían permanecer en el lugar si no continuaban besándose y que eran "órdenes de arriba”.
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Asimismo, señaló que la guardia les mencionó que la casa se reservaba el derecho de admisión
Por su parte, Rodrigo Paredes denunció que se encontraba merendando con su novio en un centro comercial de San Lorenzo y que en un momento dado se abrazaron, lo que motivó a que un personal de seguridad les indique que no podían estar así, “a no ser que sean heteros”.
La pareja exigió una respuesta y les respondieron que era una política del shopping, por lo que anunciaron que harán el reclamo correspondiente.
En contacto con Última Hora, Simón Cazal, líder de Somos Gay, contó que este año se incrementó la cantidad de personas que se acercaron a la organización a denunciar y que a la fecha ascienden a 13, sin contar con los dos nuevos casos.
Asimismo, sostuvo que las normativas internas de los locales, que suelen usarse para justificar agresiones a la gente LGBT en sus espacios, son malas interpretaciones o distorsiones de las ordenanzas que hablan de que “la casa se reserva el derecho de admisión”.
En ese sentido, dijo que la gente quiere contraponer la propiedad privada contra los derechos humanos y que normativamente no hay nada que justifique que se le eche a la gente LGBT de un lugar público.
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Sin embargo, refirió que no hay ninguna ley contra la discriminación o penalización que le dé permiso al Estado para intervenir de buenas a primeras cuando suceden este tipo de hechos, por lo que se debe elaborar una denuncia y resulta más difícil hacer que la autoridad correspondiente “se mueva y proteja a la gente”.
“Hay una resistencia del Estado a generar cualquier mecanismo de protección a personas del LGBT”, remarcó.
Entre tanto, indicó que la organización recibió 13 denuncias de discriminación este año en lugares de trabajo y por permanencia en lugares públicos.
De la misma manera, aclaró que estas dos nuevas denuncias aún no se suman, porque hasta el momento no se acercaron a la organización.
Cazal también especificó que cualquier procedimiento que incluya violencia verbal o física ya se enmarca dentro de una violación al Código Penal, mientras que en otros casos se procede a buscar el diálogo con las empresas.
Así también, aclaró que en estos casos se puede presentar una denuncia a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), ya que hay ciertos acuerdos de la propiedad privada abierta al público que deben ser cumplidos.
“La Justicia es bastante clara al respecto, no se permite ningún tipo de discriminación normativa”, remarcó, a la vez de mencionar que los locales deberían publicar sus términos de uso abiertamente para no violar los derechos del consumidor; es decir, adelantar que en el lugar se sirve solo a gente hetero.
Finalmente, expresó que desde el último año y medio tienen un incremento de casos y que la tesis que manejan es que se debe a la violencia simbólica por parte de las autoridades, la iglesia y ciertos portavoces, con un aumento de violencia en el discurso que hace que sean más impune la idea de discriminar a la gente por su orientación sexual.
