Desde la Comisión Escrache Ciudadano, que impulsa la medida de fuerza contra Carlos Portillo y Víctor Bogado, señalaron que las manifestaciones seguirán hasta que los políticos renuncien, así como ya lo hicieron el diputado colorado José María Ibáñez y los senadores Óscar González Daher (ANR) y Jorge Oviedo Matto (Unace), quien oficializó este lunes su dimisión.
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El propio presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, pidió al diputado Portillo que renuncie, mientras que desde el Partido Colorado no se han pronunciado sobre el pedido de dimisión del senador Bogado.
Los manifestantes se congregaron previamente frente al departamento de Carlos Portillo, sobre las calles Presidente Franco y Caballero de Asunción, en el edificio Aurora, y posteriormente se trasladaron hasta el edificio Granada, donde reside el senador Víctor Bogado, sobre la calle Luis de Granada y Venezuela, de la Capital.
En contacto con Última Hora, una de las coordinadoras de la comisión, Aidé Vera, expresó que se registraron discusiones con los seguidores de Bogado, debido a que en el lugar no había ningún efectivo policial al momento que inició la protesta.
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Sin embargo, luego llegaron los uniformados policiales y ambos grupos se apostaron en veredas diferentes.
Las personas a favor del parlamentario del Partido Colorado portaron carteles en los que expresaban su apoyo, mientras que los manifestantes en contra pidieron su renuncia por sus cuentas pendientes con la Justicia.
Niñera de Oro
Publicaciones periodísticas revelaron que durante la presidencia de Bogado en la Cámara de Diputados, había comisionado a Gabriela Quintana a la Itaipú Binacional con un jugoso salario. Además, la mujer fue nombrada en Diputados percibiendo dos salarios del Estado.
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Posteriormente, se comprobó que la mujer era la niñera de los hijos de Víctor Bogado. Según las investigaciones de la Fiscalía, Quintana llegó a cobrar más de G. 71 millones de forma ilegal. El proceso lleva más de dos años cajoneado.
Por otra parte, a principios de este año, el diputado liberal Carlos Portillo fue imputado tras la filtración de un audio en que prometía interceder ante la Justicia a favor de una contadora procesada, a cambio del pago de USD 3.000.