Es el caso de Noemí Antón, quien narró cómo su pareja, un paramédico del ayuntamiento de Zapopan (oeste de México), la atacó cerca de su casa, la hirió en el cuello y en la espalda con una navaja.
Durante la agresión llamó a los servicios policiales de emergencia mediante el Pulso de vida, un mecanismo de protección que la Fiscalía de Jalisco (oeste) ofrece a víctimas de violencia. Al no recibir respuesta, simuló no respirar para hacerle creer a su pareja que estaba muerta, y él huyó.
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El ataque se produjo tras años de violencia psicológica, emocional y física que Noemí vivió con el agresor, a quien interpuso cuatro demandas por agresiones que tras un acuerdo parecían haber llegado a su fin.
“Él se comprometía a ya no seguir con las agresiones, yo ya había denunciado anteriormente, pero pues no lo cumplió, meses después del convenio fue cuando me atacó”, explicó Noemí.
Las amenazas siguieron por mensajes de texto: Una vez le envió flores diciendo que eran las mismas que llevaría a su funeral y en otra ocasión amenazó con llevarse a su hijo y devolverlo en cachitos. Después, fue detenido.
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Desde hace dos años, y ayudada por abogados públicos, Noemí lucha porque su ex pareja no salga de la cárcel dado que, aunque existen pruebas para culparlo por intento de feminicidio, los jueces insisten en reclasificar el ataque como lesiones.
“Por la carpeta de intento de feminicidio, no (está preso) (...) Está recluido, pero por otra carpeta diversa contra mí también (por agresiones)”, dijo.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, 10 mujeres, niñas y adolescentes son asesinadas cada día.
En 2023, dicha instancia registró a 3.439 mujeres víctimas de feminicidios y homicidios dolosos.
Larga recuperación
Ante estos obstáculos judiciales, Ángeles González, especialista acompañante de mujeres en albergues de resguardo en Jalisco, señaló a EFE que quienes llegan a pedir ayuda no supieron identificar antes la violencia por falta de información o no sabían a quién acudir.
González consideró que la reforma judicial es una oportunidad para que las y los jueces tengan perspectiva de género y que los casos de violencia feminicida transcurran de manera más justa y rápida.
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“Es uno de los poderes que le faltaba transversalizar la perspectiva de género, si ya la tenemos en la Constitución y si ya está en los lineamientos de política pública, van a tener que hacerlo”, concluyó.
Algo similar le ocurrió en 2023 a Sandra García, atacada por su ex esposo tras violar una orden de restricción, y quien intentó ahorcarla, la golpeó hasta dejarla inconsciente y la hirió con un cuchillo en múltiples ocasiones frente a sus dos hijos.
Sandra explicó que estuvo en coma 46 días y fue sometida a varias cirugías, con las cuales tuvo una lenta recuperación para recuperar la movilidad del cuerpo, así como el habla.
Tenía dos años divorciada de su ex esposo, quien había intentado reanudar la relación en varias ocasiones, aunque no cumplía con la pensión alimenticia y mantenía el hostigamiento contra ella.
A la par de la rehabilitación física y psicológica, tuvo que sobrellevar un proceso judicial en el que su agresor intentó ser juzgado solo por intento de lesiones.
“Fueron muchos meses de estar preparándome mentalmente porque estuve como una semana con él en la misma sala, pues sí fue muy estresante, pero afortunadamente ya estoy del otro lado. Tiene una sentencia de casi 40 años, entonces puedo pensar que podamos estar bien”, aseveró.
Fuente: EFE.
