La Fiscalía y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) desmantelaron ayer una granja mineradora de criptomonedas, con una conexión clandestina que consumía lo equivalente a 500 viviendas.
Este dato surgió tras el allanamiento de una granja y depósito, ubicados en el kilómetro 22 Monday, de la ruta PY07, donde aparece como propietario un oriental, identificado como Yueg Yung Hsiu.
El fiscal Alcides Giménez allanó el inmueble con una orden judicial firmada por Carlos Vera Ruiz en una causa abierta por sustracción de energía eléctrica.
El abogado Diego Fernández, jefe de Asistencia Jurídica e Intervenciones Estratégicas de la ANDE, fue quien señaló que el consumo en la propiedad es de cerca de 1 MW, equivalente a casi 500 viviendas de un barrio, haciendo la comparación.
Refirió que cerca de 250 máquinas procesadoras estaban instaladas en el sitio y en funcionamiento en el momento de la intervención judicial, con conexión directa.
Para tratar de burlar los controles, los propietarios de la granja clandestina instalaron un pequeño transformador de potencia fuera del local, mientras que la conexión era directa y daba a un potente transformador de 3 MW aproximadamente, ubicado dentro del depósito donde estaban los procesadores.
Fernández reveló que cada procesador instalado en el lugar consume unos 18 amperes, equivalente al consumo de un acondicionador de aire de 18 mil BTU, durante 24 horas, cuya factura mensual sería de aproximadamente G. 800.000.
Los técnicos de la ANDE detectaron la variación de la carga en el sector hace un mes atrás aproximadamente, que no estaba registrado con los equipos de medición de la entidad estatal. Posteriormente procedieron a sobrevolar la zona con un dron y pudieron localizar el punto sospechoso, donde estaría funcionando un transformador de gran envergadura.
Se procedió a denunciar ante el Ministerio Público y ayer se realizó el allanamiento con la incautación de todos los equipos, acorde ya a la nueva legislación con relación a las granjas clandestinas de criptominería.
Daño patrimonial. Recordemos que la ANDE había hecho referencia a mitad de enero que el daño patrimonial causado en 2024 por la sustracción ilegal de energía ascendía a G. 247.916.286 mensuales, sin incluir los costos operativos de la intervención ni las multas adicionales estipuladas por la Ley Nº 966/64. Esta información fue suministrada ante una de las irregularidades detectadas tras una verificación y control realizado por funcionarios técnicos de la empresa, específicamente de los departamentos de Gestión de Pérdidas Norte y Centro, la Agencia Regional San Pedro y el Departamento de Operaciones Estratégicas.
