Los conductores aseguran que la ordenanza, en su forma actual, es inaplicable y excluye a un gran número de trabajadores, principalmente jóvenes estudiantes que dependen de este servicio como fuente de ingreso. Este grupo no participó en la elaboración del marco regulatorio.
Uno de los principales puntos cuestionados es la exigencia de contar con un registro de conducir clase A, ya que esto limitaría el trabajo de un sector importante de los conductores; especialmente, jóvenes que aún no cumplen con el requisito de edad para obtener esta categoría. Señalan que el 50% de los conductores tienen un registro particular.
José Antonio Abadie, conductor independiente, aclara que no se oponen a la ordenanza en sí, sino que solicitan la modificación de varios artículos que consideran inconstitucionales e inaplicables. Entre ellos, destacan la exigencia de ser residente y elector de Ciudad del Este, una restricción que impediría trabajar a personas que residen en municipios vecinos.
Otro punto que genera controversia es la limitación para levantar pasajeros a menos de cien metros de las paradas de taxis convencionales. Los conductores argumentan que, en zonas como el centro comercial, donde las paradas de taxis abundan, sería imposible operar bajo esta restricción.
También se cuestiona la exigencia de estar asociado para poder gestionar la habilitación del servicio. “No estamos en contra de las asociaciones; la Constitución Nacional garantiza la libre asociación, pero también garantiza el derecho de no asociarse para poder trabajar”, refiere el abogado Samir Sánchez, representante legal de este grupo de conductores de plataformas.
REACCIÓN. En relación con el requisito del registro clase A, el concejal Sebastián Martínez dijo que se basa en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. También comentó, sobre otros cuestionamientos, que, al igual que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) solicita el registro de votación para obtener la habilitación, ellos aplicaron esto en la ordenanza. “No es algo que nosotros inventamos, y para poder trabajar como conductor de plataforma en Ciudad del Este se pide lo mismo”.
Martínez señaló que otro aspecto que preocupa es la seguridad, y que con la ordenanza buscan proporcionar un marco jurídico para poder defenderse. “En la ordenanza también defendemos el derecho de los clientes; sabemos que ha habido asaltos, secuestros exprés, extorsión y acoso a través de las plataformas. Sabemos que hay personas que adulteran documentos para habilitar vehículos”, dijo al señalar que la ordenanza busca identificar a los prestadores del servicio.
Sobre la asociación, mencionó que, en gobiernos municipales anteriores, se reconoció la importancia de las asociaciones y se estableció en la ordenanza que regula a los taxistas, luego al transporte alternativo, escolares y mototaxis. “Se entendió que para garantizar la seguridad al cliente hay que identificar a los prestadores del servicio. No estamos inventando esto; estamos aplicando el aprendizaje del Municipio ahora a esta nueva normativa. En este punto, la lucha es por el cliente y no por el conductor de plataforma”, sostuvo.
APERTURA. Martínez aseguró que la Junta Municipal está abierta al diálogo. Recordó que durante el proceso de estudio y elaboración de la ordenanza no recibieron ninguna queja de este sector en particular. Mencionó que participó de una audiencia pública con los conductores de plataformas hace cinco semanas.
“Estuvieron unas 260 personas y gran parte de lo que se trató allí se plasmó en esta ordenanza. Hemos tenido reuniones aquí en la Junta Municipal con los conductores de plataformas, así como con los taxistas. Hubo muchas audiencias, y no quiero que piensen que nosotros sacamos esta ordenanza de nuestra cabeza y que no tuvimos contacto con nadie. Tuvimos, hablamos con todos y, por supuesto, vamos a seguir escuchando”, insistió.
En tanto, la concejala Alison Anisimoff señaló que hay mucha desinformación con relación a la ordenanza, a pesar de que, según asegura, hicieron lo posible por llegar a todos los sectores involucrados. “Allí empieza el problema. No tenemos un registro de quiénes son los que están trabajando en esto, porque se basa únicamente en un aplicativo”.
Reconoció que hay disputas por pasajeros y que los afectados le reclaman una solución. “¿Cómo vamos a intervenir si no tenemos nada que los regule? Sabemos que ese vehículo va y se estaciona en el centro; sabemos que viene a buscar pasajeros, pero el Policía Municipal no puede intervenir, le dice que es particular y que está esperando a su prima, nuera o suegra”, refirió.
Gustavo Espínola, presidente del gremio Taxistas Unidos del Este (Taude), aclaró que no están en contra de los conductores de plataformas, que se los presenta en muchos sectores, sino a favor de que tengan un marco regulador como ellos lo tienen. Reconoció que su sector se ha venido a menos, no solo por la aparición de más competencias, sino por la misma situación económica de la ciudad y su modelo comercial, que hizo que muchos dejaran el trabajo y entienden que es hora de reinventarse. Manifestó que están trabajando en la creación de un aplicativo propio para que los clientes puedan solicitar el servicio de taxi a través de sus celulares. “Será una forma de estar a la altura de la competencia y darle la opción al cliente de elegir entre nuestro servicio y el de las demás plataformas”, remató.
