A una semana de iniciado el motín en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, finalmente el ministro de Justicia, Ángel Barchini, reconoció que todavía no se recuperó el control total tras el motín iniciado por el clan Rotela.
El vergonzoso panorama, días después de los graves incidentes, mostraba a los reclusos paseando por la zona de vigilancia de los muros perimetrales de la Penitenciaría, vestidos incluso con uniformes de guardiacárceles. “Ellos (los reclusos) son dueños ahora de Tacumbú. Ayer entraron en la cuadra de los funcionarios, destruyeron todas las casillas, sacaron los uniformes. Algunos que están uniformados están en el muro. Ellos tienen uniformes nuestros, tenemos videos de cuando ellos mismos se visten”, había relatado uno de los guardiacárceles. Se sabe por otra parte que los reos tienen en su poder lanzas, cuchillos, escopetas, armas cortas y fusiles y, por otra parte, de acuerdo con el propio ministro de Justicia ya se recuperaron el 85% de las armas que fueron saqueadas de la armería durante la toma del penal.
Tras los graves incidentes y después de haber permanecido en silencio, Barchini afirmó que el Estado nunca tuvo el control total de las penitenciarías y, de paso, se presenta como víctima al afirmar que su administración es atacada por la población penitenciaria debido a las políticas que implementaron para recuperar el gobierno de las cárceles, dominadas hoy por clanes.
Por clanes se refiere, sin duda, al clan Rotela, la organización de carácter familiar, que originalmente estaba especializada en el microtráfico que tiene alcance nacional y que controla gran parte del tráfico de estupefacientes dentro y fuera de las prisiones. Se estima que Armando Javier Rotela, apodado el zar del microtráfico, controlaba la mitad de la venta de crac en todo el país y que la organización podría tener actualmente entre 1.000 y 4.000 integrantes, superando en número a cualquier otro grupo criminal de Paraguay o del Brasil con base en nuestro país.
Tacumbú es un problema complejo, particularmente porque la ausencia y la desidia del Estado paraguayo por décadas han permitido que se convierta en un lucrativo negocio para el crimen organizado. Como ha señalado el criminólogo y experto en seguridad Juan Martens, en Tacumbú se mueve una enorme cantidad de dinero, donde solo con las salas vips, que son unas 22, se recaudan USD 10.000 mensuales por cada una, es decir, USD 200.000 y cada fin de semana se venden entre 3 a 4 kilos de cocaína, lo que en el mes representan unos 20 kilos, que es tanto para el consumo interno como también para la redistribución de los que van a comprar de la cárcel por ser más barato. Un cálculo superficial estima que se recaudan unos G. 250 millones semanales, que van a las manos de Rotela como de autoridades penitenciarias y judiciales.
Mientras el propio Barchini afirma que no puede hablar en su oficina sin que se entere el clan Rotela, nuestro sistema penitenciario alberga a un 70% de presos sin condena alguna y en Tacumbú hay personas subsistiendo en condiciones infrahumanas, a quienes el Estado paraguayo tiene abandonadas viviendo en la miseria.
Para resolver esto se necesita mucho compromiso, pero sobre todo es necesario encarar la situación con las personas preparadas que manejen datos. Y más aún, de nada sirve culpar al anterior gobierno, que por cierto es del mismo partido político que el actual. Porque a este Gobierno le queda bien la frase falsamente atribuida a la ex canciller alemana Angela Merkel: “Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso, se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas, culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”.