Un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) sobre la Penitenciaría de Tacumbú revela que las torturas continúan siendo un procedimiento regular en el penal. Después del Operativo Veneratio del 2023, es notoria la instalación de un nuevo sistema que no deja de lado los malos tratos y establece una nueva correlación de poderes. Lamentablemente, Tacumbú continúa siendo un reflejo doloroso e injusto del Paraguay: Una bomba de tiempo con problemas de infraestructura, seguridad y corrupción.
El control del penal se reparte actualmente entre los efectivos policiales que tuvieron una fuerte presencia por cuatro meses y aunque fue menguando, siguen instalados. Por el otro lado, están los agentes penitenciarios con el control del sistema en sus manos.
Antes de Veneratio, el control y ejercicio del poder al interior de la penitenciaria lo realizaba el grupo criminal de base carcelaria denominado Clan Rotela; disponían los lugares, los pabellones, sus líderes y sus reglas; de hecho que contaban con celdas de castigo, en pabellones emblemáticos, donde eran sometidos a tortura, situación conocida por los guardias y las autoridades del penal, señala el informe.
Después de Veneratio la situación para los reclusos no ha mejorado. Dice el informe del Mecanismo que, los agentes policiales, durante detenciones y reclusiones, suelen usar elementos, como golpes de puño, cachiporras, cachiporra con caños, apysarapo, e incluso se reveló el uso de armas de fuego, golpes con patadas, y en menor porcentaje el uso de cadenas, moquetas o hules en la cabeza. Dice el informe que varios entrevistados mencionaron casos de golpes en todo el cuerpo, y uno hasta mencionó la participación de un perro y amenazas con armas para que la persona hable.
Asimismo, se aplica ahora la advertencia permanente de ser llevados a aislamiento y, en caso de “crear más problemas”, la posibilidad de ser llevados a penales de máxima seguridad, por ser tildados del Clan Rotela.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura fue creado por la Ley 4288/11, y comenzó a funcionar en 2012, para cumplir con las obligaciones del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, firmado por Paraguay. En el transcurso de una década ha tenido gran impacto en la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Sin embargo, todavía es mucho lo que el Estado paraguayo debe hacer.
En el caso concreto de Tacumbú, las autoridades deben reconocer que no tiene ya condiciones de habitabilidad y suma una serie de peligros como la provisión de electricidad, agua potable, y proliferación de espacios informales; Tacumbú en suma es insostenible.
Pero, plantear como solución nuevas infraestructuras o nuevas cárceles, sin plantear cambios de fondo no va a resolver absolutamente nada si antes no mejora, por ejemplo, el sistema de Justicia.
Los datos son escandalosos en este sentido. El 63% de la población penitenciaria del Paraguay no tiene condena. Vale decir, estamos hablando de 11.172 personas privadas de libertad en espera de un juicio y de una población de 17.712, solo 5.597 están cumpliendo condenas. Todo esto se agrava cuando el sistema permite extender la prisión preventiva de 6 meses hasta más de cinco años.
Hacinamiento, corrupción y personas aguardando por años sin tener una condena, todo eso configura el fracaso de un sistema penitenciario sobrepasado y una Justicia que no es justa ni independiente pues permite que seres humanos sobrevivan en sistema desigual y en condiciones de miseria.
