Es más, la misma Ley Suprema señala que: “Las personas privadas de su libertad serán recluidas en establecimientos adecuados, evitando la promiscuidad de sexos. Los menores no serán recluidos con personas mayores de edad. La reclusión de personas detenidas se hará en lugares diferentes a los destinados para los que purguen condena”.
Esto es letra muerta desde el momento en que el Gobierno reconoce que no tiene el control de la cárcel de Tacumbú, la más grande y superpoblada del país, donde no se puede garantizar la vida de las personas que están recluidas en ese sitio.
Los mismos guardiacárceles –encargados de la seguridad del reclusorio– se niegan a ingresar porque no tienen garantías para desempeñar su labor. Es que la cárcel de Tacumbú es prácticamente un depósito humano, tierra de nadie, donde no existen derechos humanos e impera la ley del más fuerte.
La semana pasada los presos se amotinaron. Tomaron como rehenes a los agentes penitenciarios y hasta al mismo director del establecimiento, quienes fueron retenidos por varias horas sin que la Policía pudiese rescatarlos. Recién cuando los internos lo quisieron, fueron “liberados”, para seguir “trabajando dentro”. Al final, se tuvo que lamentar una muerte.
Lo peor es que un clan dirige todo desde el penal, sin que las autoridades puedan retomar el control.
El ministro de Justicia, Ángel Barchini, dijo el lunes a la prensa que los reclusos devolvieron solo el 85% de las armas que robaron. Increíble.
Esta triste realidad hace que todo el ordenamiento jurídico, la Constitución, los tratados internacionales, el Código de Ejecución Penal no puedan cumplirse con respecto a las cárceles. Como dije, es letra muerta, solo un conjunto de buenas intenciones.
En nuestra población penal no existe separación de condenados y procesados. La mayoría cumple la pena mínima encerrada sin que tenga una sentencia firme. El abuso de la prisión preventiva es palpable.
La semana pasada, el ministro Víctor Ríos decía que existe un “populismo punitivo”, una demagogía punitivista en los jueces que aplican la prisión sin tener en cuenta que podrían darles medidas menos gravosas. Y es verdad. En Paraguay, si un imputado no está preso, no hay Justicia, según cree la mayoría.
Además, como única y milagrosa solución para el hacinamiento y los demás problemas que hay, lo que se hizo es construir más cárceles para alojar a más personas privadas de su libertad.
Según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la media internacional es que haya un guardiacárcel por cada 10 internos. En Paraguay, tenemos 1 por cada 80, según sus números. Estamos muy lejos de esto.
Es evidente que dentro de nuestras cárceles (no solo Tacumbú) se violan los derechos humanos todos los días. Hay que entender que los presos perdieron su libertad, pero no su dignidad.
El Estado es el encargado de protegerlo y alimentarlo, ya que se encuentra bajo su custodia, de acuerdo con los fines de las penas, pero no lo hace o no lo puede hacer.
Hay que darle un giro radical al asunto. Primero retomar el control del principal penal del país. Pero lo primordial es extirpar los clanes que manejan el penal a su antojo, haciendo que el Gobierno sea totalmente inepto para darle una solución a este flagelo.
En la forma en que se manejan los penales, en especial el de Tacumbú, nos expone de nuevo a juicios internacionales por violación de los derechos humanos. Es que no se puede garantizar mínimanente la vida de los internos ni de los propios guardias que los custodian.
