Los parlamentarios taiwaneses debatieron tres propuestas diferentes, dos que se referían en general a uniones de parejas del mismo sexo y otra presentada por el Gobierno que legalizaba el matrimonio gay y que fue la aprobada por una holgada mayoría.
El Legislativo taiwanés tenía de plazo hasta el próximo 24 de mayo para regularizar la situación de las parejas del mismo sexo, después de que en 2017, en una histórica sentencia, la Corte Constitucional de la isla considerase que la prohibición del matrimonio homosexual era anticonstitucional.
La propuesta del Gobierno, respaldada por el mayoritario Partido Democrático Progresista, fue aprobada por 66 votos a favor y 27 en contra.
Nota relacionada: Nuevo paso hacia la legalización del matrimonio gay en Taiwán
Se trataba del único proyecto que ofrecía además derechos de adopción limitados a las parejas homosexuales y era la única de las tres propuestas a debate que aceptaban los activistas del movimiento LGTBI.
Más de 35.000 personas marcharon este viernes por calles de Taipéi hacia el Parlamento para pedir a los legisladores que no discriminasen a las personas del mismo sexo que quisieran casarse y que votasen a favor de la unión civil igualitaria.
“Esperamos que esta sea la última vez que tengamos que venir aquí”, dijo la coordinadora jefa de la coalición taiwanesa para la igualdad del matrimonio, Jennifer Lu, en una improvisada rueda de prensa celebrada a la entrada del Parlamento antes de que comenzara el plenario.
La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, se pronunció también a favor de la ley y pidió a los legisladores que “muestren al mundo que el amor gana”.
Nota relacionada: El Papa dice que quien rechaza a los homosexuales “no tiene corazón humano”
“Tenemos una oportunidad de hacer historia y mostrarle al mundo que los valores progresistas pueden arraigar en las sociedades de Asia Oriental”, señaló Tsai.
Por el contrario, Tseng Hsien-ying, presidente de la llamada “coalición de la felicidad para nuestra siguiente generación”, afirmó que Taiwán votó el pasado noviembre en referéndum a favor de mantener la definición de matrimonio tradicional en el Código Penal y consideró que el Gobierno está “pisoteando la voluntad del pueblo”.