Esta vez, le tocó a la directora de cine y teatro, Tana Schémbori, quejarse de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por una presunta sobrefacturación.
La afamada cineasta, conocida por haber dirigido junto a Juan Carlos Maneglia las películas 7 Cajas y Los Buscadores, utilizó su cuenta de Twitter para denunciar el miércoles, con una foto de su última factura, que recibió la cuenta por un valor de G. 1.005.000 en total.
“1.005.000 la factura de @ANDEOficial sobre que base es lo que quiero saber!!!! Cada mes sube mas!! Una vergüenza total! Me indican donde recurrir para una queja formal!! Podrida! Pq la placa de mi lavarropas se quemó en el último apagón!! Y eso a quién le pido me repongan?????”, lanzó.
Nota relacionada: Cómo denunciar sobrefacturación de la ANDE
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppVarios usuarios de la red social repudiaron la situación y algunos incluso señalaron que mientras hay ciudadanos que deben pagar sumas exhorbitantes, unos pocos políticos se benefician con el pago mínimo de tarifas.
Desde la cuenta de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) le recomendaron este jueves a Schémbori formalizar su reclamo en la entidad por sobrefacturación y avería de electrodomésticos.
Le puede interesar: Privatizar servicios de energía no funcionaría por deficiente regulación, sostiene Ferreira
La Sedeco establece que los usuarios de servicios públicos deben presentar su reclamo, primeramente, en la institución correspondiente -en este caso en la ANDE- y posteriormente lo pueden hacer en la Sedeco.
Para estos casos la institución cuenta con dos instancias: la primera es una mesa de negociación, de mediación, donde generalmente el consumidor consigue la reparación del daño. Si no llegan a conciliar en esa instancia, se pasa al sumario administrativo, donde se califica la infracción a la ley de defensa del consumidor.
Sedeco no puede obligar a la institución a resarcir el daño de manera inmediata, pero que en caso de comprobarse irregularidades se emite una resolución administrativa para que el usuario afectado acuda a tribunales para que se dicte la ejecución.
