Aquella vez, en total contradicción, colorados cartistas y abdistas, ayudados por los votos en blanco de liberales, mandaron al archivo el pedido de desafuero de Noguera, alegando desconfiar de la Fiscalía, pese a que rechazaron el juicio político a la fiscala general, Sandra Quiñónez. El parlamentario está imputado por administración en provecho propio y asociación criminal, en el caso que investiga al senador Rodolfo Friedmann, por negociados en la compra del almuerzo escolar de la Gobernación del Guairá.
Otro que sigue dilatando su causa es el oficialista Miguel Cuevas, quien incluso retomó su banca luego de nueve meses de estar privado de libertad. Aseguró ser inocente y no dudó en cuestionar a los opositores. El legislador está procesado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, por irregularidades en su gestión como gobernador de Paraguarí.
La misma suerte corre el oficialista Ulises Quintana, quien también retornó a su banca en la Cámara Baja, luego de diez meses en prisión.
El político colorado está imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tras ser vinculado con el presunto líder narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña, quien ahora guarda reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppSegún la Fiscalía, Ulises Quintana utilizó sus influencias como legislador para liberar una gran cantidad de dinero en efectivo que pertenecía a Cucho.
Otro ejemplo es el del cartista Tomás Rivas, imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. El caso de Rivas saltó a la luz tras una investigación de Última Hora, en el 2017, que reveló que el parlamentario hacía figurar como funcionarios de la Cámara a tres empleados particulares suyos.
No obstante, luego de tres años de iniciar un proceso cargado de incidentes dilatorios, el juez Penal de Garantías Raúl Florentín resolvió elevar a juicio oral y público la causa por estafa, no así por cobro indebido, pese a la acusación de la Fiscalía.
MÁS. Otro procesado es el también cartista Avelino Dávalos, acusado por supuestas irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador de Caazapá (2013-2018) y un perjuicio de G. 200.000 millones. Pese a la gravedad de los hechos e incluso la existencia de un informe de la Contraloría que asevera las denuncias, la Fiscalía no avanzó en el caso y ni siquiera formuló imputación.
Asimismo, está siendo investigada la oficialista Marlene Ocampos, por supuestos hechos de corrupción durante su gestión como gobernadora de Alto Paraguay (2014-2015). La denuncia en su contra apunta a un supuesto faltante de dinero, sin respaldo documental, de aproximadamente G. 1.000 millones.
También está imputado el oficialista Esteban Samaniego, por una causa de difamación y calumnia. Sin embargo, el pedido de desafuero en su contra no corrió. Samaniego fue intendente de Quyquyhó antes de ser diputado y tras su administración fue denunciado por hechos de corrupción como la construcción de un baño para una escuela por G. 150 millones, pero que habría costado solo la mitad.
También están en la lista Justo Zacarías y su esposa Rocío Abed, diputada suplente de la ANR. Ambos están en la mira por supuesto enriquecimiento ilícito, pues existe un pedido de reapertura de investigación por estos hechos.
OTROS. Otro diputado cuestionado es Roberto González, con varios antecedentes, de los cuales salió ileso. En el 2003, fue señalado por haber presionado para liberar un container de cedés de un prófugo de la Justicia, cuando era ministro del Interior. En el 2009 fue imputado por producción de documentos no auténticos por utilizar guías falsas de traslado de animales para obtener créditos del Fondo Ganadero, pero la investigación no prosperó.
En la misma situación está Carlos Núñez Salinas, favorecido por resolución de la Corte Suprema de Justicia y sobreseído en la causa que tenía por supuesto contrabando y producción de documentos no auténticos.
También el liberal Carlos Portillo aparece en la lista de procesados de la Cámara de Diputados. El parlamentario fue acusado por el hecho punible de tráfico de influencia, una causal de pérdida de investidura. La Fiscalía lo apunta por el caso de audios filtrados que lo involucran en un proceso judicial tramitado en los tribunales de Alto Paraná. Hasta ahora su causa sigue a pasos de tortuga.
Además, también están con antecedentes el liberal Édgar Ortiz y la colorada Del Pilar Medina. Ambos parlamentarios están imputados por causas relacionadas con el incumplimiento de la cuarentena sanitaria y fueron desaforados por estas denuncias.
