Millonarios aumentos, pagos extras bajo el rótulo de subsidio familiar, nombramientos y aumentos, además de convocatorias para otorgar seguro médico vip son algunos de los privilegios que están siendo concedidos por el Gobierno a los funcionarios públicos a escasos días de las elecciones generales del próximo domingo.
No se trata de cuestionar que los trabajadores merecen buenos salarios y beneficios sociales, pero en este caso se trata de una aviesa maniobra para beneficiar exclusivamente a lo que es sabido constituye la base electoral del Partido Colorado.
Es conocido que históricamente, para acceder a puestos en las instituciones del Estado, pertenecer a la ANR o contar al menos con padrinos o protectores de dicho partido constituye el principal requisito para acceder a los cargos. Ni siquiera el proceso lento, iniciado para elevar la calidad del servicio público, con los concursos para los cargos ha logrado reducir esta verdadera lacra para los ciudadanos que sostienen la pesada carga que representan los planilleros y otros funcionarios que no están capacitados para desempeñar las funciones, por las que reciben millonarios rubros y gozan de absolutos privilegios.
Una investigación de ÚH había revelado el pasado año que el 70% de los funcionarios del Poder Judicial están afiliados a la Asociación Nacional Republicana. Del total de 12.448 trabajadores (de todos los cargos) del Poder Judicial, 8.568 son colorados, lo que representa el 70% de todo el funcionariado del sistema de Justicia. Asimismo, están afiliados los magistrados, jueces y camaristas, quienes además, pese a que no está permitido, incluso votaron en las internas partidarias.
Es en este contexto que se debe cuestionar la generosidad colorada disponiendo del dinero público a escasos día de las elecciones. Son inaceptables las decisiones tomadas recientemente: celeridad con los funcionarios públicos desprecarizados, celeridad en transferencias de fondos a municipalidades y gobernaciones y aumentos significativos en el Presupuesto en relación a pagos de bonificaciones.
En cuanto a beneficios, se cuenta con más de 7,3 millones de dólares en concepto de pago del subsidio familiar. Solamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores más de G. 3.595 millones en concepto de recategorización; y unos G. 27.000 millones para aumento de bonificaciones y salarios en la Cámara de Diputados, así como la incorporación a la nómina del Poder Judicial en apenas seis días de un total de 1.100 funcionarios. Estas retribuciones fueron mayormente realizadas en la segunda semana de abril.
Todas estas decisiones con claro tinte electoralista socavan cualquier –aunque tímido– intento de recortar los elevados gastos del Estado o de al menos racionalizarlos. En una situación económica social como la que está viviendo el país ese debería ser el camino de todo gobierno que tuviera un mínimo compromiso con la mayoría de la población, una población que con tanto esfuerzo sostiene la pesada carga de funcionarios con sus impuestos, pero que al mismo tiempo no tiene acceso a servicios públicos eficientes, no tiene salud pública de calidad ni educación ni empleo ni seguridad. Y es a la luz de esta situación que se deben denunciar las acciones electoralistas en un país con una economía deteriorada y con los graves problemas de financiamiento que ya tiene el desfinanciado Presupuesto de Gastos 2023. Ningún partido político debe nunca más apoderarse del Estado paraguayo, como tampoco repartir los recursos del Presupuesto General de Gastos de la Nación para distribuir privilegios y prebendas con el dinero del pueblo, cuyas necesidades no son tenidas en cuenta.
