El Consejo de la Magistratura (CM) finalmente logró conformar la terna de candidatos para ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para reemplazar al jubilado Antonio Fretes, investigado por presunto mal desempeño en sus funciones o prevaricato.
Los tres nombres serán remitidos a la Cámara de Senadores, a fin de que en este estamento legislativo se seleccione a uno de los tres y finalmente quedará en manos del Poder Ejecutivo para dar su acuerdo constitucional.
Gustavo Santander Dans
Se trata del primer elegido por el Consejo de la Magistratura, logrando los seis votos que se necesitaban para designar a un candidato. En todo el proceso de selección obtuvo una calificación total de 93,36 puntos.
El juez, quien está a días de cumplir sus 59 años y es oriundo de Tebicuarymí, Paraguarí, ya había integrado la terna para la selección del nuevo fiscal general del Estado, donde fue el de puntaje más alto, pero finalmente fue seleccionado Emiliano Rolón.
Santander Dans es doctor en Ciencias Jurídicas, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en 1991 y es miembro del Tribunal de Apelación Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Fue juez de Paz en lo Civil, Comercial y Laboral de Areguá, en Central, desde el año 1994 hasta el 2002, cuando asumió como juez de Primera Instancia. En ese cargo estuvo hasta el 2016 y desde entonces ejerce como miembro del Tribunal de Apelación.
También fue docente de Derecho Constitucional en una universidad privada desde 2001 hasta 2022. Tiene dos libros publicados, uno del 2018, titulado La resolución ficta en el Código Procesal Penal Paraguayo y el otro, del 2021, denominado Inmunidades constitucionales y legales.
Gustavo Adolfo Ocampos
Ante la falta de consenso en el seno del CM para conformar la terna, solo Santander pudo ser nombrado en su momento. No obstante, posteriormente se logró un acuerdo con siete votos a su favor, por lo que Gustavo Ocampos fue el segundo seleccionado para la terna.
También es doctor en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, que culminó con la calificación Summa Cum Laude en el año 2006.
Además, se recibió previamente de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma institución educativa de grado y corresponde a la promoción 1985. También es notario y escribano público, egresado de la misma cada de estudios, de la promoción 1987.
En cuanto a sus funciones ya desempeñadas en el Poder Judicial, se resalta que Ocampos es juez de Paz en lo Civil, Laboral y Comercial en el Departamento Central.
Pese a que no se encontraba entre los 20 mejores puntuados en el proceso de conformación, Gustavo Ocampos finalmente fue el candidato de consenso y fue destacado por los miembros del CM como una persona que cuenta con una “notoria honorabilidad”.
No obstante, entre sus antecedentes se puede mencionar que fue el único que en el 2020 estuvo en contra de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que votó en disidencia con el histórico fallo del pleno de la Corte, que determinaba que las declaraciones juradas son públicas, por lo que no se necesita orden judicial para su obtención por la ciudadanía.
El magistrado argumentó en ese entonces que la provisión y acceso directo a las declaraciones juradas por los ciudadanos sin distinción y sin justificación no se hallaba incluida en forma expresa en la normativa, pero sí en la Ley 5033/13, de las declaraciones juradas, que autoriza a la Contraloría a dar a conocer los datos solo por orden judicial.
María Teresa González de Daniel
Tras una veintena de rondas de votaciones, finalmente fue elegida María Teresa González como la última candidata para ministra de la Corte y se destaca que es la única mujer entre los otros dos aspirantes al cargo. Es oriunda de Asunción y en mayo próximo cumplirá 55 años.
Es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la UNA y doctora en Ciencias Jurídicas. Ocupó el cargo de presidenta de la Circunscripción Judicial de Central, así como ejerció varios puestos en la administración de Justicia desde 1987. Actualmente es miembro del Tribunal de Apelación Penal.
La tesis doctoral de la magistrada estuvo enfocada en “violencia familiar y feminicidio en Paraguay”, abordando mecanismos de protección a las mujeres, y se especializa en dichos temas. Además, fue mencionada en un informe sobre violencia contra la mujer de la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy).
Por una parte, fue destacada por haber dejado un precedente, al elevar a juicio oral el primer caso de violencia familiar en setiembre de 2009.
Según el documento, la jueza llevó a juicio oral un “hecho de violencia familiar y lesión grave en grado de autoría”, después de que una mujer haya sido arrojada de las escaleras por un hombre, ocasionándole graves lesiones que la llevaron a ser intervenida quirúrgicamente y estar internada durante un mes.
Sin embargo, fue duramente cuestionada en el escrito por un fallo que emitió en el caso de la joven Diana Martínez, quien en 2008 denunció a su padre, Eliseo Martínez, por presunto abuso sexual contra ella.
Según su denuncia, la sometió desde pequeña y hasta los 17 años, así como lo hizo contra su hermana de 11 años. La presunta víctima también acusó la supuesta complicidad por parte de su madre, Julia Giménez, por haber callado y permitido los hechos.
Meses después, la jueza María Teresa González de Daniel sobreseyó al hombre, basándose en el artículo 359 de la Ley 1286/9813 del Código Procesal Penal, argumentando que no se aportaron pruebas que demostraran que hubiera cometido los delitos de abuso sexual de menores, maltratos, abandono y actos exhibicionistas.
“También se restituyó la patria potestad de su hija menor apenas concluido el proceso judicial. Es lamentable que no se recurra a otros recursos. La jueza basa su sentencia en una ‘duda razonable’. (...). La gravedad del juicio a Diana Martínez es que nunca se comprobó que no hubo tal abuso denunciado por ella. Quizá sea una víctima más de la violencia doméstica que queda impune”, cuestiona el informe de la Codehupy.
Durante la etapa de audiencia pública, la magistrada había mencionado que la imagen actual del Poder Judicial “demanda la reinvención del magistrado, ya no actúa sólo con su sentencia” y aseguró que en caso de ser electa como ministra de la Corte, seguirá trabajando sobre todo con la erradicación de la violencia familiar.
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El ahora ex ministro y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes dejó vacante su cargo días pasados, después de haberse acogido al beneficio de la jubilación.
Si bien salió por la puerta grande en su momento, atravesó por una ola de críticas y varios pedidos de destitución y juicio político, pero fue salvado por el sector cartista. Poco antes de abandonar su gestión, la entonces fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, abrió una causa penal en su contra.
De esta manera, es muy importante que el nuevo elegido para la CSJ pueda limpiar el sillón que estuvo siendo ocupado por Fretes por más de 20 años, aparentemente viciado de irregularidades y abusos.
De acuerdo con lo que afirmaron los consejeros este mismo miércoles, los tres integrantes de la terna reúnen los requisitos y los criterios de “idoneidad y notoria honorabilidad” para ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia.