La acusación sostenida por el fiscal anticorrupción Luis Piñánez señala que el ex gobernador y su director de Obras, César Calvet, utilizaron estas facturas para abultar montos y justificar desembolsos de dinero.
El tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Cristhian Bernal, Cristhian González y Sonia Villalba, juzga a Sawatzky y Calvet por un presunto perjuicio patrimonial a la Gobernación de Boquerón de G. 2.524 millones, a través de sobrefacturaciones de obras y falsificación de diversos documentos y facturas.
Entre los testigos que negaron haber emitido facturas para la Gobernación se encuentran Amado Caribaux, propietario de una firma de limpieza; Francisco Benítez, dueño de una distribuidora, y Marina Cañete, empresaria.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que la Gobernación de Boquerón utilizó facturas de estaciones de servicio para justificar supuestas compras de combustible que en realidad nunca se hicieron.
En contrapartida, la defensa de Sawatzky, cuya administración en la Gobernación fue del 2003 al 2008, sostiene su inocencia. Fuentes judiciales mencionaron que los acusados aún no declararon ante el tribunal de Sentencia.
La investigación fue iniciada en el 2008 por el entonces fiscal y actual senador Arnaldo Giuzzio, a partir de una denuncia presentada por los entonces concejales Florentino Ibáñez Cuevas, Severo Flores y Olga Molina de Zavala. Giuzzio formuló la imputación y posterior acusación a Sawatzky.
El proceso es por los supuestos delitos de lesión de confianza, producción y uso de documentos no auténticos.
Solo por lesión de confianza, Sawatzky se expone a una pena de hasta cinco años de cárcel. En los casos graves, este delito puede ser sancionado con hasta 10 años de prisión.
