Esto se aplica en el caso de la libertad de expresión y quería aprovechar el tema siendo que mañana se recuerda el Día del Periodista en Paraguay.
La posibilidad de decir lo que una persona quiere, cuando quiere y donde quiere, innegablemente está bien, siempre y cuando no tenga un impacto negativo hacia la otra o el otro. De esto se trata la democracia.
Pero cuando nos referimos a los insultos, por ejemplo, ya es arena de otro costal y no tiene nada que ver con la libertad de expresión.
Se confunde mucho con ella el albedrío de ofender por ira, por odio, por antojo o capricho.
La acción de insultar a alguien más en redes sociales o tan solo en el día a día es una agresión, es una falta que se comete en contra de la dignidad de la otra persona.
Por eso decía que hay un límite. Es acá donde juega un papel importante el respeto hacia el derecho ajeno.
Si me paso incitando el odio o la violencia en X, Facebook, TikTok, Instagram o en cualquier plataforma de internet contra una persona, un grupo o un sector político porque no pienso igual que ellos, estoy cometiendo acciones que dejan un impacto negativo en los derechos de los demás.
Es cuestión de respetar. Y pedir respeto no es censura. La censura es otra cosa.
Se puede decir que es una manera de atacar por aquello que sabés y podés decir, pero te controlan para que no lo hagas. Esto le ocurre normalmente más a un periodista que a un medio de comunicación.
Por esto es que la Constitución Nacional les brinda protección en el artículo 26, para que hagan su trabajo sin más limitaciones que aquellas que están solamente dispuestas en la Carta Magna.
Además establece claramente que tampoco se puede crear ninguna ley para impedir o restringir la libertad de expresión y de prensa.
“Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines”, resalta.
Este derecho constitucional también resguarda a los ciudadanos y ciudadanas para que puedan informarse con la verdad, en forma responsable e imparcial.
Pero en estos tiempos la libertad de expresión se encuentra tan menospreciada.
Si se pudiera, la secuestraría el propio presidente de la República, Santiago Peña, para que ya no se destapen sus negocios ni su enriquecimiento a costa del pueblo.
La libertad de expresión está tan amenazada por la mafia, a la que no le basta solamente con censurar, sino que directamente acallar la voz del periodista con su muerte.
En nuestro país hay una veintena de periodistas asesinados; entre ellos, Santiago Leguizamón es el más recordado.
Paraguay está condenado por este último caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de investigación y garantía para sus familiares.
El oficialismo, representado por el sector político del movimiento Honor Colorado, también tiene en zozobra a la prensa crítica. Guarda un as bajo la manga para amordazar: la eventual ley de prensa, que como se ha visto más atrás, está prohibida por la Constitución Nacional.
Las autoridades buscan instalar en la opinión pública que para el periodismo en Paraguay “no hay límites” y que se rige a su “antojo” sin medir las consecuencias legales.
¿La situación no es al revés?
¿Acaso no son ellos que así buscan cercenar los derechos contemplados en la Constitución Nacional?
Por ahora, lo más urgente para garantizar el derecho a la libertad de expresión y de prensa es atender a la necesidad de establecer seguridad para los periodistas por ley.
En el Congreso Nacional duerme un proyecto al respecto desde 2023.
