Este informe, entregado a inicios del gobierno de Fernando Lugo en el 2008, contenía información sobre concesiones irregulares de tierras como para abrir cuatro mil causas, pero a la fecha solo se iniciaron 33 juicios, y se perdieron todos. Por esta razón, el Estado quedó con una deuda de casi USD 24 millones para pagar a abogados.
El dato fue confirmado por el propio procurador general de la República, Sergio Coscia, y debatido en el programa En Contexto días atrás.
La Comisión Verdad y Justicia documentó que en la Región Oriental fueron adjudicados 3.054 lotes, que equivalen a 1.513.507 hectáreas y unos 1175 lotes, que suman 6.2782872 hectáreas en la Occidental o Chaco de manera irregular.
“Esto se presentó en 2008. A la fecha se iniciaron solo 33 juicios, se perdieron los 33, y el Estado debe pagar a los abogados 24 millones de dólares”, sostuvo el abogado Felino Amarilla.
“Tenían que haberse abierto 4.000 carpetas fiscales, pero tenía que haberse procedido a una acción civil porque no era delito. 33 casos se llevaron a juicio. Se perdió en todos. De esos 33 juicios lo único que queda es una deuda con los abogados”, agregó Amarilla.
El letrado también lanzó un dato alarmante. Mencionó que el Estado creó más de 1.300 colonias, solo 300 tienen título de propiedad y apenas 39 están inscriptas en el catastro.
Asimismo, Amarilla responsabilizó de la falta de decisión al Gobierno de Fernando Lugo (2008-2012), ya que al recibir el informe de la Comisión Verdad y Justicia no llevó adelante los procesos para la recuperación de tierras.
“Aquí no hubo un trabajo de investigación, no se siguió y ahí responsabilizo al Gobierno de Fernando Lugo, porque ese informe de Verdad y Justicia se entregó el 28 de agosto del 2008, el archivo del terror es el archivo del IBR-Indert. Nunca entregaron a Catastro. La mafia sigue campeando”, sostuvo.
ADMITIÓ. La titular interina del Indert, Gail González Yaluff, admitió que el Indert no inició ninguna acción judicial para revertir esas tierras mal adjudicadas a patrimonio del Indert pese a que ya pasaron 12 años de la entrega de ese informe.
“No se iniciaron acciones legales para revertir a patrimonio del Indert, son situaciones que se dieron anteriormente y debemos analizar caso por caso porque ya no son las mismas personas quienes tienen esas tierras, debemos identificar todas esas tierras y después iniciar las acciones que correspondan en derecho, siempre y cuando el Poder Judicial se ponga las pilas y nos apoye en esto. Tenemos esa decisión de iniciar el proceso de recuperación de tierras. Necesitamos regularizar todos los datos. Tenemos que revisar título por título. Es difícil si no hay un acompañamiento de parlamentarios y la clase política y que la reforma agraria sea el compromiso que asumamos todos y no solo el Indert. Esto es un problema social. Muchas veces los campesinos no creen en las instituciones porque no se resuelve y necesitamos de todos”, sostuvo.
RESPONSABLES. Por su parte, el senador por Patria Querida Fidel Zavala afirmó que los responsables de las malas adjudicaciones de tierras son los gobiernos sucesivos desde su primera creación, pasando por los estatutos agrarios.
“Los responsables fueron los gobiernos sucesivos. Esto es un problema que fue creado por el Estado, por los gobiernos de turno. Los responsables son el Estado, los tres poderes. Hay un tema legal y de fondo; acá el discurso es lo que me preocupa. Cuando ese discurso lleva a la violencia y el Paraguay de hoy no es igual al de antes”, señaló.
No obstante, reconoció que si existe voluntad política, la problemática de la tierra se puede solucionar.
El senador por el Frente Guasu Hugo Richer se lanzó contra los gremios de productores y dijo que los mismos también son culpables de la mala adjudicación de tierras en el país.
“Es importante reconocer las cosas. No solamente el oficialismo colorado fue culpable, sino también los gremios como la ARP que tuvieron un silencio cómplice. Estamos hablando de tierras mal adjudicadas irregularmente. Se otorgaron más de lo que la ley permite en cuanto a cantidad de tierras. Eso también se contempló en el informe de Verdad y Justicia”, dijo.
Para Richer, el sistema político es el problema y la mafia del Indert “opera en razón de los intereses de ese sistema político”.
