De dicho total de acciones presentadas en contra del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y los beneficiarios irregulares se cuenta con cinco sentencias que fueron desfavorables para el Estado paraguayo.
Dichas sentencias se dieron en los casos que afectaron: Al general Alejandro Fretes Dávalos, el general Ramón Humberto Garcete, a la empresa Campos Morombí del ex senador colorado Blas N. Riquelme, Roberto Rickly y familiares y María Victoria Ricciardi Viuda de Canos.
La Procuraduría inició las demandas de nulidad de acto jurídico, cancelación de inscripción y reivindicación en diferentes juzgados de primera instancia en lo civil y comercial.
Las primeras acciones se realizaron ya durante el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos y la mayor parte durante el Gobierno de Fernando Lugo.
Sin embargo, los jueces y hasta la Corte Suprema de Justicia fallaron en contra del Estado paraguayo debiendo así la Procuraduría tener que pagar las costas del proceso, es decir, terminar pagando a los usurpadores de dichas tierras malhabidas.
Los argumentos de las sentencias fueron los mismos en todos los casos, la falta de legitimación activa de la Procuraduría, la prescripción de la acción por haber transcurrido más de diez años desde el acto impugnado, y que los demandados son adquirentes de buena fe.
El general Alejandro Fretes Dávalos, fallecido en medio del proceso judicial en su contra, fue sindicado como el responsable del famoso Operativo Cóndor en el país, plan de coordinación regional de acciones de represión e intercambio de prisioneros.
Por su parte, el general Humberto Garcete, también ya fallecido, es otro de los militares stronistas que terminaron apoyando el Golpe en su contra, y es recordado por la denuncia que lo señaló como líder de una red de autotráfico.
La empresa Campos Morombí de Riquelme protagonizó en el 2012 el conflicto que terminó con la masacre de 11 campesinos y 6 policías en Curuguaty.
