17 sept. 2024

Titular de la Junta afirma que pedirá intervención de la gestión de Nenecho Rodríguez

El concejal César Ceres Escobar (ANR-HC), presidente de la Junta Municipal de Asunción, confirmó que está trabajando en un borrador para pedir la intervención de la administración del intendente Óscar Nenecho Rodríguez, por presuntas irregularidades en el uso del dinero público.

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César Escobar, presidente de la Junta Municipal de Asunción, junto al senador oficialista Basilio Bachi Núñez.

Foto: Gentileza.

El titular de la Junta confirmó que está trabajando en un borrador para solicitar la intervención de la Municipalidad de Asunción, donde actualmente está al frente Óscar Nenecho Rodríguez, salpicado por casos de corrupción.

“Estoy desarrollando un borrador para la solicitud. Estará disponible para los concejales que quieran leer”, señaló Escobar en comunicación con radio Monumental 1080.

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El colorado cartista aseguró que hay un “ambiente favorable” para que se pueda dar una respuesta concreta a la ciudadanía sobre las denuncias que se dan por el uso del dinero durante la gestión de Nenecho.

La Junta Municipal decidió el último miércoles rechazar por un total de 12 votos una minuta, por la cual solicitaba la renuncia inmediata del intendente.

El concejal Javier Catalino Pintos señaló que las denuncias de irregularidades que pesan sobre Rodríguez hoy están en manos del Ministerio Público. Además, instó a la Junta a acompañar activamente las tareas de investigación realizadas por la Fiscalía.

Por su parte, la concejala Rosanna Rolón afirmó que sí existen fundamentos suficientes para exigir la renuncia del intendente.

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Rodríguez fue imputado por la Fiscalía por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en el caso conocido como “detergentes de oro”, una de las causas más sonadas que tuvo la Comuna en plena pandemia.

El juez Rodrigo Estigarribia admitió el miércoles pasado la imputación contra el intendente de Asunción y otras 21 personas, entre funcionarios y representantes de proveedoras, por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en el caso “detergentes de oro”.

El daño patrimonial asciende a casi G. 2.000 millones entre las cuatro empresas que participaron de las adjudicaciones.

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