El pasado junio fue promulgada por el Poder Ejecutivo la Ley de las Tobilleras Electrónicas, que hasta el momento no puede ser implementada, ya que existen protestas de las empresas oferentes ante la rigurosidad, explicaron.
Respecto a que las empresas cuestionaron varias de las condiciones, el director señaló de manera tajante: “No podemos improvisar con cuestiones de seguridad”.
Además, explicó en qué consiste la ley a ponerse en marcha. “Será beneficiario de la medida el que deba pagar por él, pero es el Estado el que deberá precautelar el dinero necesario para afrontar el gasto”, afirmó Escobar.
El rubro presupuestario para llamar a una licitación ya se aprobó. “No vamos a comprar las tobilleras, vamos a comprar un servicio, y vamos a pagar solo por las tobilleras activas”, precisó el director.
También comentó que se aprobó por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) el pliego de bases y condiciones y ahí se encontraron con cuatro protestas de posibles empresas oferentes. “Hicimos los descargos de las protestas. Necesitamos que los equipos estén homologados por Conatel, no podíamos correr el riesgo de que uno sin homologación gane la licitación”, advirtió.
“Exigimos que por cuestión de seguridad, porque están en juego la vida de la mujer, tengamos estándares muy alto, y no podemos bajar las medidas por el simple capricho de alguien que quiera competir”, expuso.
Se pidió que las empresas oferentes tengan experiencias en el área de las tobilleras, en seguridad y rastreos. Ahora, está pendiente de lo que el juez instructor de Contrataciones Públicas resuelva sobre las protestas. “La ley da 30 o 35 días hábiles. Lo que queremos es que antes de fin de año tengamos funcionando este sistema”, expresó Escobar.
RECLAMOS. El tema de las tobilleras electrónicas volvió a entrar en debate luego del caso de feminicidio de Katia Brítez, una joven que fue asesinada en agosto del 2023, pese a su ex pareja tenía arresto domiciliario. Sin embargo, pese a haber transcurrido más de un año de ese lamentable episodio, se sigue esperando por la implementación de las tobilleras electrónicas, uno de los ejes de seguridad del Gobierno de Santiago Peña.
Un caso reciente de feminicidio pone en alerta nuevamente a las autoridades, por lo que se exige de la pronta implementación de las tobilleras electrónicas. La ex viceministra de la Mujer, Liliana Zayas lamentó que se posponga la activación de la ley. “Entonces las víctimas de violencia tienen que esperar y los hombres tienen que estar sin ningún tipo de medidas”, criticó. Esto, a raíz del último caso de feminicidio ocurrido la semana pasada en Capiatá, que tuvo como víctima a Zulma Chávez y donde el principal sospechoso, su ex pareja, debía estar cumpliendo arresto domiciliario en Concepción. Era la segunda vez en la que el Juzgado lo beneficiaba con esa medida, pese a no haber cumplido ya la primera vez .
