En la causa de las compras chinas, que incluyen supuestas irregularidades en las marcas de mascarillas y camas hospitalarias, luego de varias chicanas, recién el 13 de noviembre de este año quedaron confirmadas las imputaciones contra Justo Ferreira y su hija, Patricia Ferreira, titulares de la firma Imedic SA, por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Ambos representantes fueron beneficiados con la prisión domiciliaria, luego de presentar una fianza real por valor de USD 1.019.271.
Inclusive, por la gravedad de las irregularidades comunicadas por otros organismos, el Ministerio de Salud Pública –que hizo el trato con Imedic– inició sumarios en la entidad estatal, pero que solo terminaron en suspensiones temporales sin goce de sueldos a los funcionarios del Comité de Evaluación de la licitación pública.
CASO DINAC. En la causa de las supuestas mascarillas de oro, adquiridas por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), el Ministerio Público también obtuvo una prórroga y la acusación sería presentada recién el 30 de abril de 2021.
En este caso, continúa imputado el ex presidente de la entidad, Édgar Melgarejo, junto a otros funcionarios.
Según habían comunicado, tres de los empleados procesados fueron solamente reubicados dentro de la Dinac de vuelta, pese a que la Fiscalía sospecha que se habrían creado seis empresas de maletín para supuestamente sobrefacturar los precios.
En menos de un día y medio se duplicaron los precios de los 4.000 tapabocas adquiridos por Dinac este año. Lo peor del caso es que las mascarillas compradas ya vencieron en setiembre del año pasado.
PETROPAR. Para el 1 de junio de 2021 está fijada la fecha para presentar requerimiento conclusivo en el caso del escándalo de las compras de agua tónica. La Fiscalía había explicado que faltaban responder oficios de bancos.
En agosto de este año, se le concedió a la ex titular de Petróleos del Paraguay (Petropar) Patricia Samudio, las medidas alternativas a la prisión.
Ella está procesada por lesión de confianza, ya que habría una sobrefacturación en la compra de agua tónica durante la pandemia en la entidad. Además, en agosto se le amplió la imputación, cuando se descubrió un supuesto montaje para beneficiar a la pareja Costa-Samudio.
Se trata supuestamente de un montaje de una licitación de compra de insumos, para disfrazar el desvío de fondos de Petropar, según había dicho la fiscala Liliana Alcaraz en la imputación.
Aparte del agua, se había tramitado la compra de mascarillas, termómetros láser, mamelucos descartables, lentes protectores, guantes de nitrilo y otro más, por el valor total de G. 359.700.000, pero que en realidad, solo dos de los citados llegaron realmente a la institución.