La abogada Mariam Rocío Núñez manifestó a Última Hora que 15 personas se encuentran atrincheradas dentro de la Municipalidad de Arroyos y Esteros en reclamo de la habilitación para la construcción de un vertedero en la compañía Mainumby, que se firmó “a espaldas de los habitantes”, el 28 de noviembre último.
Entre las personas que tomaron la Comuna se encuentran siete concejales, que apoyan a los pobladores; entre ellos Édgar Ovelar (ANR), María del Mar Benegas (ANR), Elsa Capdevila (PLRA), Robert González (PLRA), Felipe Nery Miranda (ANR), Darío Brizuela (ANR) y Carlos Ruiz (ANR).
El palacete municipal se encuentra rodeado con cientos de pobladores en defensa de los humedales de Arroyos y Esteros, que está a la vera del río Piribebuy; mientras que el intendente José Filippi (ANR) se rehúsa a dar la cara y se mantiene encerrado en su despacho.
Núñez denunció además que en medio de la medida de presión se cortó la energía eléctrica en el lugar.
Por iniciativa de los pobladores se convocó esta jornada a una manifestación masiva en el marco de la visita de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) del Congreso Nacional, con la animación incluso de la bandita Yhaguy.
Más temprano se reunieron con concejales municipales los senadores Noelia Cabrera (ANR), José Oviedo (CN) y José Pakova Ledesma (PLRA).
La Comuna emitió recientemente un comunicado alegando que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) aprobó el estudio y declaración de impacto ambiental del proyecto relleno sanitario para la disposición final de los residuos sólidos urbanos en Arroyos y Esteros y que “no compete” al intendente pronunciarse sobre dicha licencia.
Aunque el Mades sostuvo a través de un comunicado que la licencia que otorgaron no habilita a la obra, sino que es estricta competencia municipal.
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“Llamativamente se habilitó esto y solamente se puede responsabilizar a dos personas, al gobernador de Cordillera, Denis Lichi, y al intendente José Filippi, compadre del gobernador”, espetó la abogada oriunda de la zona.
Los pobladores y concejales manifestados exigen derogar la venia del jefe comunal para levantar la medida de fuerza.