Los intermediarios están pagando entre G. 3.000 y G. 3.500 por kilo cuando el precio mínimo de negociación es G. 5.000, de acuerdo con los horticultores que están en plena etapa de cosecha masiva.
Como respuesta a esta situación, el sector se prepara para cerrar rutas en una semana como medida de protesta contra las instituciones encargadas de controlar las fronteras y los puntos de venta de los productos. El dirigente de la Coordinadora de Productores de Frutihortícolas y Afines del V Departamento de Caaguazú, Gregorio Ocampos, explicó que este plazo tiene el Gobierno para adoptar los mecanismos correspondientes, entre ellos la Ley 2422/04, que califica como crimen el contrabando y establece una pena privativa de libertad de hasta 10 años.
El sector pide además el apoyo de la sociedad para llegar al autoabastecimiento.
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