Esa política, que posibilitó la tortura de ciudadanos británicos, entre otros, fue elaborada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos, señala el periódico.
El enviado especial del Cuarteto para Oriente Próximo, Tony Blair (c), atiende a los medios a su llegada a las oficinas de Naciones Unidas en Gaza (Franja de Gaza), el pasado 15 de junio. EFE/Archivo | Ampliar imagen
Los agentes de los servicios de inteligencia interior y exterior del Reino Unido, el MI5 y el MI6, recibieron instrucciones escritas según las cuales no debían dar la impresión de tolerar las torturas ni debían ellos mismos llevarlas a cabo.
Pero al mismo tiempo se les dijo que no tenían ninguna obligación de impedir el maltrato de los prisioneros por parte de sus homólogos estadounidenses.
Esa política viola con toda probabilidad la legislación internacional en materia de derechos humanos, según Philippe Sand, uno de los expertos de mayor prestigio en ese campo.
El Reino Unido está obligado, como otros gobiernos, a evitar cualquier tipo de complicidad con ese tipo de prácticas al haber firmado la convención contra la tortura de las Naciones Unidas.
La política británica en relación con los sospechosos de terrorismo se plasmó en instrucciones escritas enviadas a los agentes del MI5 y el MI6 en enero del 2002.
En esas instrucciones se les decía que podían quejarse a los funcionarios estadounidenses sobre el maltrato de terroristas “si lo permitiesen las circunstancias”.
Según “The Guardian”, el ex líder laborista dio a entender que estaba al tanto de la existencia de esa política a mediados del año 2004, pocas semanas después de que se publicasen algunas fotos relacionadas con los abusos cometidos contra los detenidos en la prisión de Abu Ghraib (Irak) por militares estadounidenses.
Fue entonces, según explicó este martes en el Parlamento el ministro británico de Exteriores, David Miliband, cuando se decidió modificar la política para hacerla más “formal”.
En una carta enviada al comité parlamentario de inteligencia y seguridad, Blair explicaba que, en lugar de presentar quejas, los agentes británicos que interrogasen a los detenidos o supervisasen sus interrogatorios debían informar de si los detenidos estaban siendo sometidos a “tratos inhumanos o degradantes”.
Según The Guardian, los agentes del MI5 tienen actualmente instrucciones de no volver a interrogar a una persona en el caso de que ésta se queja de haber sufrido torturas.
No está claro, dice el periódico, lo que sabía el ex primer ministro de las consecuencias de esa política de hacer la vista gorda.
Frente a las acusaciones del diario, un portavoz de Blair señaló: “No es verdad que Blair haya autorizado el empleo de la tortura. Se opone a esas prácticas en cualquier circunstancia. Tampoco ha sido cómplice de torturas”.
Sin embargo, según The Guardian, hay “evidencias crecientes” de la complicidad del MI5 en la tortura de sospechosos británicos de terrorismo en Pakistán, donde esa agencia pidió a los funcionarios de los servicios de inteligencia paquistaníes que detuviesen a ciudadanos del Reino Unido y les interrogasen antes de que lo hiciesen los propios agentes británicos.
Dos jueces del Alto Tribunal británico dicen haber visto “pruebas muy fuertes” de que Binyam Mohamed, un detenido en Guantánamo que el pasado febrero pudo regresar a Gran Bretaña desde la prisión norteamericana de Guantánamo, fue torturado antes de que le interrogase un funcionario del MI5 en mayo de 2002.
Varios ex detenidos británicos denunciaron haber sido interrogados por funcionarios del Reino Unido tras sufrir torturas a manos de agentes locales en países como Pakistán, Egipto, Bangladesh y los Emiratos Árabes Unidos.