Trabajadoras domésticas de distintas ciudades y departamentos del país se reunieron este domingo en un encuentro denominado “Trabajadoras Domésticas en América Latina: Reflexiones y desafíos en el marco de la pandemia por Covid-19”.
El encuentro, que se realiza en Asunción, fue para analizar la situación del gremio en contexto de pandemia. Concluyeron que el Ministerio del Trabajo debe desarrollar estrategias de fiscalización para exigir a los empleadores el cumplimiento de la Ley de Trabajo Doméstico, que se encuentra vigente desde el 2015.
Nota relacionada: Trabajadoras inician gira para difundir Ley de Trabajo Doméstico
Las mujeres que vinieron de Itapúa, Guairá, Central y Asunción señalaron que existe una necesidad de control y de fiscalización a empleadores, sobre todo ante el problema del desempleo y la grave situación económica que atraviesa el país.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLa vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH), Carmen Brítez, mencionó que en otros países de la región se logró implementar estrategias que “no necesariamente impliquen la revisión del domicilio”, un argumento esgrimido por las instituciones del Estado como obstáculo para el control.
También puede leer: IPS registra bajo porcentaje de trabajadoras domésticas aseguradas
Asimismo, urgieron la necesidad de aplicar por parte del Instituto de Previsión Social (IPS) el sistema prorrata que permita que distintos empleadores aporten de forma proporcional por la misma trabajadora doméstica cuando esta presta servicios por días en distintos lugares.
El último informe proveído por el IPS, en mayo pasado, señala que la cantidad de trabajadoras domésticas que figuran como aseguradas en la provisional no pasa de 20.000 y en total son alrededor de 280.000 a nivel país, es decir, apenas supera el 7%.
La Ley de Trabajo Doméstico fue aprobada en el 2015 y modificada en 2019 para terminar con las discriminaciones establecidas anteriormente en el Código del Trabajo. En la norma se establece el pago del 100% del salario mínimo legal para las trabajadoras que presten el servicio doméstico.
