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MANAGUA - NICARAGUA
Un grupo de trabajadoras sexuales de Nicaragua hizo historia esta semana al ser presentadas ante la Corte Suprema como nuevas mediadoras de justicia, un hito en la lucha del gremio por el reconocimiento de sus derechos en una de las regiones más conservadoras del mundo.
Un grupo piloto de 18 mujeres recibió preparación técnica y legal para tratar los conflictos más comunes en las zonas rojas donde suelen desempeñar su profesión y tratar de defender a sus compañeras, víctimas habituales de todo tipo de abusos y marginadas en los sistemas policiales y legales.
“Nos han enseñado cómo y cuando, en qué casos vamos a intervenir o llegar a los jueces o cuándo vamos a resolver en la policía”, dijo Imogene Omier, de 49 años, miembro de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales, con 2.300 asociadas.
Sonrientes y con sus acreditaciones prendidas en el pecho, las nuevas facilitadoras de justicia fueron presentadas ante los jueces en un acto solemne para celebrar el Día Internacional de la Trabajadora Sexual en Centroamérica, donde varias asociaciones reclaman inclusión social y laboral.
En Guatemala, una organización solicitó la creación del primer sindicato de trabajadoras sexuales de la región, mientras en Costa Rica, Honduras y Panamá promueven proyectos de ley para que se reconozca el “trabajo sexual autónomo”.
un paso inédito. “Somos el único país que no las perseguimos para meterlas en la prisión y somos el único país que las hemos nombrado auxiliares de justicia”, indicó el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, Marvín Aguilar.
La empobrecida nación centroamericana, sin embargo, no cuenta con una legislación que regule la profesión, a la que se dedican más de 14.000 mujeres que siguen en un limbo legal.
“Elegimos este trabajo en libertad, nadie nos ha obligado, nosotras tomamos nuestra decisión y debemos ser respetadas”, concluyó la coordinadora de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales, María Elena Dávila.
Los facilitadores judiciales realizan de manera gratuita “arreglos amistosos de conflictos menos graves que no constituyen delito, como pleitos vecinales, mordidas de perros, pequeños préstamos y casos leves de violencia intrafamiliar”, explicó a la AFP el portavoz de la Corte de Justicia, Roberto Larios.
Actualmente existen más de 3.500 facilitadores judiciales en el país que contribuyen a ampliar el acceso de los ciudadanos a la justicia, descongestionar los tribunales y reducir los costos del poder judicial.