Hace ya un mes un tribunal arbitral falló a favor de la Municipalidad de Asunción en la demanda por rescisión de contrato que planteó la Municipalidad de Asunción contra el consorcio Empo Limitada y Asociados, que maneja Cateura.
Al respecto, Julio Fernández, presidente del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema), señaló que alrededor de las 8.30 de este jueves se manifestarán en el acceso al Vertedero de Cateura, en reclamo al incumplimiento de dicha medida.
“Hoy en la entrada de Cateura habrá una manifestación, pedimos la intervención de la Municipalidad y que Empo deje de operar, pedimos la rescisión del contrato”, explicó en contacto con radio Monumental 1080 AM.
Siguió contando que el acceso al vertedero está en pésimas condiciones al igual que los camiones recolectores de basura. “El camino a la entrada de Cateura está en pésimas condiciones, lo que se traduce en la sistemática y progresiva destrucción de los camiones recolectores”, insistió.
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“Como trabajadores estamos preocupados por la situación. Esta manifestación es a fin de que la Municipalidad intervenga y vuelva a ser el servicio municipal. Los trabajadores piden que el servicio de recolección vuelva a ser municipal”, aseguró.
Igualmente, consideró que la medida de protesta no afectará al servicio de recolección. “La idea nuestra es que la Municipalidad de Asunción intervenga y que Empo ya deje de administrar”, aseveró Fernández.
El 18 de enero pasado el tribunal arbitral compuesto por Stefan Horvath, Marcelo Daniel Centeno y Enrique Sosa Arrúa hizo lugar a la demanda por rescisión de contrato que plantea la Municipalidad de Asunción contra el consorcio Empo Limitada y Asociados y en consecuencia declaró el incumplimiento grave del contrato.
El Municipio reclama rescindir el contrato con Empo, entre otras cosas, por ingreso de basura de otros municipios y presentación de certificado de cumplimiento tributario adulterado.
Por su parte, Empo advirtió un incumplimiento en el reajuste de la tarifa por ingreso de basura y reclamó la indemnización por G. 144.269 millones.
