Se sabía de su débil capital político y ante este escenario, la expectativa apuntaba hacia sus habilidades políticas para manejar la delicada relación, mostrándose cerca y leal sin comprometer demasiado su imagen de independencia.
Horacio Cartes y su movimiento Honor Colorado (HC) no le hicieron fácil el camino. Sin siquiera asumir el cargo ya se estrenó con el escándalo del senador Erico Galeano al que tuvo que pedir, comunicado mediante porque las palabras no fueron suficientes, que no se blinde con sus fueros y se ponga en manos de la Justicia ante la acusación que lo vinculaba con el mundo del narcotráfico.
Pero la arena caliente estaba en el campo internacional. Empezó su gobierno con tensión internacional. Primero con la Unión Europea, blanco de una perversa campaña electoral que puso en riesgo la cooperación internacional bajo la falsa acusación de promover la “ideología de género” en la educación. Más caliente y más complicada fue la relación con Estados Unidos, que primero declaró significativamente corrupto a Cartes en julio del 2022, y luego lo sancionó financieramente en enero del 2023, obligando al empresario a desprenderse de todas sus empresas.
Sin embargo, Peña recompuso las relaciones con ambos bloques, y aunque los zurcidos no suturaron totalmente las piezas rotas, había una relación fluida. La herida se reabrió estos días con la ratificación de la sanción de la OFAC (Oficina de Control Activo de Extranjeros) a Tabesa por “apoyar financieramente a Horacio Cartes y planea continuar haciéndolo”.
En este primer año de gestión, Cartes más que un paraguas de protección fue una sombra amenazante por si pretendía salirse de los límites establecidos. Cuando le preguntaban sobre las sanciones a su líder, Peña decía que tenía el derecho y la obligación de defenderse. Que son dos personas distintas, etc.
Intentaba transitar por caminos paralelos, pero con esta última decisión de Estados Unidos, fue obligado a caminar por la vía trazada por la que verdaderamente manda.
El presidente de la República hasta el momento no pudo ejercer ni disponer de su poder. Cada vez que alcanzaba un logro, Cartes o el Congreso copado por una mayoría oficialista con exceso de prepotencia y baja inteligencia le recordaban que él estaba allí para amparar sus intereses, defender a sus impresentables miembros, como Erico Galeano, Hernán Rivas o Yamil Esgaib, o justificar los escandalosos casos de los nepobabys y todos los abusos prebendarios.
El lunes arrancó su programa estrella Hambre Cero en un rimbombante acto en Palacio de Gobierno, que en su primera etapa abarca 90 distritos del país. Las denuncias de alimentos en mal estado en escuelas del Chaco especialmente aguaron el inicio exitoso.
El Gobierno activó rápidamente la fiscalización para evitar el naufragio tempranero de un plan en el que puso todas sus fichas políticas y económicas. No es necesario ser un adivino para saber que en breve se conocerán los casos de sobrefacturaciones y corrupción, ya que está diseñado para que cuestionados gobernadores e intendentes manejen el multimillonario presupuesto. “Un colchón para las municipales”.
El debate duró poco por la bomba lanzada nuevamente desde Estados Unidos. El martes, la Embajada comunicó la ratificación de la sanción de la OFAC a Tabesa, que sorprendió a todos. “Ahora me estoy enterando”, dijo José Ortiz, mano derecha de Cartes, y uno de los principales accionistas de la tabacalera.
“Tabesa lo que hizo fue pagar una obligación contractual a Horacio Cartes, que fue producto de las compras de Tesorería; fue una operación en guaraníes y no en dólares americanos... Quieren dañar a Tabesa y evidentemente se trata de una guerra comercial”, explicó a radio Monumental.
De esta manera, Estados Unidos les recordaba que con Cartes la situación seguía igual, a pesar de que las relaciones parecían fluir de manera cordial e institucional con Peña.
La maquinaria política empezó a moverse. A la noche, el quincho de la calle España se convirtió en un lugar de peregrinación, donde senadores y diputados, encabezados por el vicepresidente Alliana, expresaron su apoyo en medio de la indignación “contra el Imperio”.
Al día siguiente, los legisladores cartistas emitieron sendos comunicados de tinte nacionalista. Denunciaron el intento de “afectar y perjudicar su figura, con una sanción a una empresa paraguaya que anteriormente era de su propiedad”.
Pidieron a la Cancillería arbitrar los medios para que “ningún Estado extranjero aplique o siga aplicando sanciones a personas físicas o jurídicas paraguayas”. En los papeles no se animaron a mencionar a Estados Unidos ni al embajador Marc Ostfield. En horas de la tarde, la Cancillería decidió convocar al diplomático, reunión que se concretó el jueves. “El canciller defiende muy bien los intereses y la posición de Paraguay en el mundo”, expresó Ostfield a periodistas al abandonar el despacho donde conversó una hora con el ministro Ramírez Lezcano. Y advirtió: “Cualquier persona y cualquier empresa que ayude materialmente, patrocine o proporcione apoyo financiero, material o tecnológico a una persona sancionada como Horacio Cartes, corre el riesgo de ser sancionada”.
La tensión subió de tono. En horas de la tarde, el canciller, acompañado de Lea Giménez, leyó un comunicado del Gobierno: “Recibimos con desagrado la mediatización y politización de las sanciones administrativas (contra Tabacalera del Este SA). Por eso, estamos solicitando al Gobierno americano acelerar el proceso de salida del embajador (Ostfield) y así evitar que la pérdida de confianza hacia una persona dañe la relación que mantenemos históricamente”. Los adustos rostros reflejaban incomodidad, casi hastío.
Más allá del insuflado y sobreactuado relato sobre los ataques a la soberanía, el Gobierno se cuidó de no confrontar directamente con el gobierno de Joe Biden. Puso blanco en Ostfield, que por cierto ya anunció el fin de su misión en el país. Lo único que pidió fue que aceleren su salida, “ya que se va nomás luego”.
Los analistas de relaciones exteriores aclararon que si el Gobierno se sentía agraviado debía declararlo persona no grata o expulsarlo del país. Tal cosa no ocurrió, lo cual revela que Peña no quiere una confrontación directa con Estados Unidos. “Es un manotazo de ahogado porque vienen vientos de cambio en el Norte”, dijo en plan adivino Erico Galeano y expresó que Ostfield quiere salir “rimbombantemente”.
Honor Colorado cifra sus esperanzas en el triunfo del Partido Republicano en noviembre porque creen que Donald Trump revertirá las sanciones a Cartes. Tal vez exista una lejana posibilidad, pero es muy difícil que EEUU modifique su línea de acción. No porque exista cambio de timonel cambiarán algunos procesos, especialmente aquellos que no dependen directamente del Poder Ejecutivo.
Solo en países con baja institucionalidad, como Paraguay, el presidente (o quien tenga el poder real) tiene facultades cuasi monárquicas.
TABESAGUAY. La oposición cuestionó duramente al gobierno por pretender convertir la sanción a una empresa paraguaya como un castigo al país, poniendo a todas las instituciones del Estado a defender a Cartes.
El senador Ignacio Iramain concentró en una palabra la reacción oficial y para ello propuso cambiar el nombre del país a “Tabesaguay”.
Es entendible el profundo enojo que generó la ratificación de la sanción a tabacalera. A diferencia de las decenas de empresas en el Grupo Cartes, Tabesa fue y sigue siendo el corazón financiero que alimenta generosamente la política. Su crisis es la crisis del financiamiento de la tropa colorada y sus satélites, de la que depende la gobernabilidad de Peña.
Por ello, la tensión de Cartes convulsiona al Estado (con hegemonía cartista) y pone de manifiesto la debilidad presidencial. Por eso, el Gobierno mueve la maquinaria institucional y convierte en un asunto de Estado la sanción a Cartes. Tabesa es la clave del poder de Horacio Cartes.
La cuestión norteamericana versus Cartes es apenas una arista de las crispaciones de un gobierno que en poco tiempo demostró una preocupante deriva autoritaria, con acciones inadmisibles, como la expulsión de la senadora Kattya González o el ataque a la sociedad civil a la que ahora buscan enterrar vía ley para evitar críticas, crear comisiones garrote para perseguir a sus enemigos en un contexto de sometimiento de la Fiscalía y el Poder Judicial.
Y esta es la tragedia que se vaticinó cuando Peña asumió el cargo y, que, al cumplirse un año de gestión, se confirman todos: el presidente es apenas un gerente.
