Esta herramienta acelerará la tramitación y remisión de solicitudes de cooperación jurídica entre Estados permitiendo el uso de la plataforma electrónica.
La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo a finales del año pasado a la Cámara de Senadores, ahora requiere de un tratamiento de urgencia ante la ofensiva contra el crimen organizado con los últimos operativos contra el narcotráfico y lavado de dinero.
“Hay que hacer un análisis de lo que pasó con el caso de Pavão, con el caso de Marcelo Piloto, quienes tenían extradiciones pendientes y que, inclusive, cometieron delitos para quedarse acá (en Paraguay) para que no sea efectiva la extradición. Todo eso es porque la mora en la tramitación colabora”, explicó la asesora en Seguridad del Ejecutivo, Cecilia Pérez.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp20 minutos. Si se aprueba este Tratado de Medellín se va a recibir la documentación en 20 minutos. En caso de que haya algo que falta se va a solicitar y remitir como documento oficial ya solo vía electrónica.
Con esto se evitará que haya dificultades con los documentos. O que se ponga como excusa que se envió el informe vía correo electrónico y que quedó por el camino.
“Hoy se manejan por correo, pero la información vía correo no es oficial. Lo que es oficial es lo que la autoridad remite formalmente; si falta algo se vuelve a pedir lo que falta y nuevamente se remite (una y otra vez) y va pasando el tiempo”, explicó Pérez.
Cada autoridad involucrada en traslado de personas condenadas, el Ministerio de Justicia, la Corte y la Fiscalía contarán con un usuario que permitirá acceder a la plataforma para el trámite de exhortos y cartas rogatorias.
El Tratado de Medellín es un acuerdo internacional para la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales. Fue acordado en el marco de la conferencia de ministros de Justicia de países iberoamericanos.
Esta herramienta tendrá ventajas en la celeridad de los envíos, la seguridad e integridad de los expedientes, documentos confidenciales que afectan a los derechos y libertades (protección de datos) y empresas. Puede generar un cambio de paradigma en la lucha contra el crimen organizado transnacional, mediante el ahorro de tiempo y de trámites que actualmente solamente benefician a los grupos criminales, contribuyendo a la impunidad y desalentando a la sociedad a recurrir al sistema de judicial.