Este planteamiento, básicamente, prevé dentro de la Caja Fiscal la equiparación de los haberes que cobran los jubilados con el salario de los funcionarios activos, en correspondencia al cargo que ostentaban los primeros al momento de su retiro. En palabras más sencillas contempla que un jubilado cobre cada fin de mes lo mismo que un funcionario en actividad.
El análisis pasó casi desapercibido, casi como que de propósito. Sin embargo, hay que prestarle mucha atención porque lo que propone no es una cuestión de justicia social, como se quiere pintar, sino que es una trampa mortal para los propios jubilados y funcionarios activos.
Los datos oficiales son alarmantes.
La Caja Fiscal viene arrastrando sucesivos y multimillonarios déficits en los últimos años, y una de esas razones, justamente, es el régimen de equiparación vigente para las fuerzas públicas.
Las estadísticas dan cuenta que, solamente en el último quinquenio, la previsional estatal registró un agujero de USD 625 millones. De ese total, prácticamente el 98% corresponde a las fuerzas públicas, agujero que según la legislación en vigencia, debe ser cubierto con ingresos del Tesoro que provienen del cobro de impuestos generales.
A esto se suma lo expuesto en el último informe actuarial de la Caja Fiscal, incluido en el Informe de Finanzas Públicas 2023. Este documento menciona que las reservas de la entidad llegan a los USD 383 millones, pero si continúa este ritmo de números negativos y no se avanzan con las reformas que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema en el corto plazo, la Caja Fiscal quedaría sin reservas para el 2027.
El reporte, para empeorar esta realidad, subraya que en caso de aprobarse la equiparación también para los retirados del sector civil (docentes, maestros universitarios, magistrados y empleados públicos) la Caja Fiscal tendrá un gasto adicional de USD 277 millones por año. Este simple hecho aceleraría peligrosamente la defunción financiera de la previsional, agotándose todos los excedentes en dos años.
El panorama, de ese modo, empuja a analizar urgentemente varias aristas.
Desde el punto de vista meramente financiero quedó claro que no tiene mucho sustento el proyecto porque llevaría al colapso inmediato de la entidad que debe asegurar los recursos para que puedan tener una jubilación digna aquellas personas que aportaron 20, 30 o 40 años.
Desde el punto de vista social, si bien es cierto que sería un enorme premio y respiro que las personas en situación de retiro reciban un reajuste en sus haberes, igualándolos a los funcionarios activos, representa para el resto de la ciudadanía una injusticia. Es que para mantener a un poco más de 60.000 personas y considerando que la jubilación es un derecho fundamental, el Estado se verá obligado a manotear parte de los impuestos para cumplir con estos pagos, si es que esta situación no empuja a una cesación de pagos como sucedió a principios de los 2000. Esto, incluso, puede derivar en un aumento de los impuestos o creación de nuevos impuestos.
No es para nadie un secreto que los jubilados forman parte de los sectores más olvidados por la clase política en los últimos años, pero no parece viable ni equitativo que el resto de la población deba ser la que soporte esa pesada carga, cuando en la actualidad el Estado no brinda seguridad, salud y mucho menos educación acorde a los impuestos que se pagan. Tampoco es justo que los jubilados del sector civil sigan pasando miserias mes a mes luego de haber sostenido a la Caja Fiscal durante décadas. Debe ser una prioridad para la clase política idear y aplicar lo antes posible planes para garantizar bienestar a este sector de la población.