En la primera semana de julio se presentó, para el último debate público, el documento del Plan Nacional de Transformación Educativa, Segundo Acuerdo, que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) encara como parte de la Hoja de Ruta de la Agenda 2030.
En palabras del cura pedagogo, Jesús Montero Tirado, la primera falencia de este ambicioso proyecto surge en su propia concepción, pues –desde su punto de vista– transgrede tanto la Constitución Nacional, al poner en vilo la patria potestad, así como una treintena de leyes establecidas.
“Han omitido a actores tan fundamentales como los padres. El artículo 270 y 271 del Código de la Niñez y la Adolescencia, además de la misma Constitución en el artículo 53, le da el poder a los padres de no solo educar, de alimentar, etc. por patria potestad, sino el poder de decidir el proceso educativo de sus hijos y eso han vulnerado, tomaron una decisión sin la participación de los padres”, lanza.
Además, el tema más grave –apunta–, es que el Comité Estratégico formado para el diseño de dicho plan “no es legal”. “Ha sido creado por decreto del Poder Ejecutivo, al margen y en contra de lo que dice el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación y el artículo 92 de la Ley General de la Educación que, claramente, dicen que el único órgano que está capacitado, que es competente legalmente, para proponer y acompañar el proceso de transformación, de cambio, de reforma educativa, es el Consejo Nacional de Educación y Ciencias (Conec). El Comité Estratégico que han creado lo sacaron por decreto, no por ley y, por tanto, ese comité no tiene ningún respaldo legal. Es sencillamente una imposición autoritaria, propia de dictaduras”, afirma.
Diagnóstico errado. El segundo fallo –dice– es que el diagnóstico presentado en el primer y segundo acuerdo se reduce a un comentario sobre el Informe de PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) del 2017.
“Ese informe solo trata el problema del bajo nivel de aprendizaje de adolescentes de 15 años, en lectura, matemáticas y ciencias; lo dan como diagnóstico y sacan de ahí las conclusiones de las políticas que hay que tener. La verdad que es un fraude lo que presentan como diagnóstico porque el informe no conoce absolutamente nada, ni trata los temas específicos de nuestra situación educativa”, fustiga.
A renglón seguido, explica por qué lo considera un fraude: “Las conclusiones que sacan es interpretando el informe de PISA y tiene problemas lógicos porque en algunos ítems confunden causa y efecto. Por ejemplo, dicen que es causa del bajo nivel el ausentismo de los estudiantes, pero dentro del comentario en esa causa, reconocen que el 33% de los alumnos no van a clases, se ausentan, porque las clases son aburridas. Es decir, el ausentismo de los alumnos no es causa de la crisis de la educación, sino es efecto de la baja competencia y didáctica de los profesores que tienen clases aburridas y no saben motivar y estimular para el aprendizaje”.
Por lo que, a su criterio y desde el punto de vista académico, ese diagnóstico “no tiene validez, es totalmente inaceptable y rechazable”.
A su vez, añade que ninguna alusión se hizo sobre las causas políticas de la crisis educativa: “A la interferencia política en la educación como la de operadores políticos que se colocan prebendariamente en puestos del MEC, como profesores, directores, supervisores, miembros de los comités departamentales, etc.”, sustenta.
Tampoco se citó, como otro déficit, a la pedagogía alude. “Nuestra pedagogía de hecho no tiene ciencia, es simplemente práctica. Lo que dice este informe que presenta propuestas políticas de transformación de la educación, no hay un fundamento científico, como tampoco hay en los diseños curriculares del MEC”, critica.
Plan internacional. Para Montero Tirado, las jornadas de discusión señaladas al inicio se hicieron solo para blanquear este proceso de transformación educativa, ya que “la decisión la tienen tomada” –dice– porque esto “viene impuesto claramente por organismos internacionales que están promoviendo la Agenda 2030 y la ideología de género”.
“Han sacado esa palabrita, la de ideología de género, porque tiene mucho rechazo, pero han dejado las estrategias como el enfoque de derecho, la interculturalidad, el enfoque de inclusión cuyo contenido es conocido mundialmente por documentos de Naciones Unidas y Clacso. Incluso, lo que deja explícito el documento son manifestaciones que van en contra de la Constitución, como darle la máxima garantía de los derechos del niño al Estado, arrebatándoseles a los padres”, recalca.
Para rematar, acusa: “Esto es un plan internacional que viene sobornado con dinero de Europa. Han venido 86 millones de euros, de los cuales 38 millones destinaron a la transformación educativa. Esto viene con dinero de instituciones internacionales financieras que si Paraguay no entra, no recibirá más créditos”.
El único órgano competente y autorizado para proponer y acompañar la transformación educativa es el Conec.
No se puede violar la Constitución ni las leyes en un documento que pretende orientar nada menos que la educación en todo el país.
