El juicio contra el ex gobernador de Presidente Hayes Óscar Venancio Núñez Giménez, hermano del actual senador Basilio Bachi Núñez, comenzó este lunes tras ocho años de chicanas. La acusación es por el presunto desvío de G. 51.000 millones en perjuicio del Estado.
El inicio del juicio nuevamente tuvo un pedido de suspensión por parte de la defensa, alegando que no tenían todas las copias del expediente.
El Tribunal Especializado, compuesto por las juezas Elsa García, Claudia Criscioni y Cándida Fleitas, no hizo lugar al pedido y decidió solo postergar su continuidad hasta este miércoles, con el objetivo de que puedan acceder a las copias solicitadas.
Lea más: Óscar Núñez será llevado a juicio oral tras ocho años de chicanas
El inicio del juicio oral y público llevaba 33 suspensiones de audiencias preliminares desde el 2015, lo que lo colocó en el foco de la indignación ciudadana, en tanto no se observaron sanciones por los excesos de la defensa.
En el 2015, el Ministerio Público acusó a Óscar Núñez por un daño patrimonial de más de G. 40.000 a la Gobernación de Villa Hayes. A esta causa se le acumuló otra por G. 11.058.127.624 millones, sumando más de 51.000 millones.
La causa se extendió a los también ex gobernadores Emigdio Benítez y sus respectivos administradores, Edulfo Verón y Nancy Núñez. Además del también ex gobernador Rubén Antonio Roussillon. En el caso estaban implicados más de 50 imputados.
Entérese más: Destraban causa de ex gobernador de Pdte. Hayes y juicio puede iniciarse
El fiscal Luis Said, especialista en Delitos Económicos, manifestó que luego de unos buenos años de dilación, atribuibles en su totalidad a los acusados en esta causa, se dio inicio al juicio.
Dijo que las causas fueron acumuladas y todas relacionadas con las gestiones de ambos ex gobernadores Óscar Núñez y Emigdio Benítez, tras una denuncia formulada por la Contraloría que terminó con conclusiones de perjuicio grave a la gobernación.
El fiscal señaló que son dos causas y se los acusa de un perjuicio de G. 55.000 millones, que eran de los royalties y debían ser destinados para salud, educación y pueblos indígenas.
La figura penal es lesión de confianza en su modalidad agravada, principalmente por la cuantía del perjuicio.