La Comuna capitalina en febrero decidió la suspensión de la implementación del estacionamiento tarifado, mientras dure la investigación sobre el caso del consorcio Parxin, tras sospechas de venta de acciones entre empresas, situación que no fue informada al ente municipal.
En tanto, el concejal Pablo Callizo indicó que pedirán informes al Municipio sobre la firma adjudicada el estacionamiento tarifado para analizar las cláusulas y constatar las anomalías.
Entre las irregularidades mencionadas en el informe de la Contraloría se señala que no se sabe cuál es la firma que mantiene el liderazgo de Parxin, considerando que el Memorando de Entendimiento y Compromiso de Cesión y Venta de Participación suscrito en Geolatina SA y Edivi SA apunta a una venta de una participación del 60% del consorcio.
Asimismo, el análisis refiere que la empresa encargada de proveer el servicio debe contar con experiencia y capacidad técnica, además de contar como mínimo con tres años de experiencia en el rubro. Según los requisitos establecidos, las firmas proveedoras del servicio deben tener con un mínimo de 5.000 boxes.
El texto también remarca que “la Comuna capitalina deberá solicitar la escritura pública y toda la documentación que acredite la adquisición del porcentaje de participación del 20% que Geolatina SA afirma haber acrecentado”.
El informe sostiene que en el acta de constitución del consorcio Parxin del 2016, consta que la participación de firmas del consorcio corresponden a un 60% para Onix Parque SA y 40% para Geolatina SA.
Posteriormente, el documento señala que Parxin realizó modificaciones internas en el módulo de utilidades firmado en la fecha de la escritura de Constitución del Consorcio en el 2016.
El documento menciona que tampoco se visualiza la posición sobre el particular de la empresa Onix SA, o si la misma ha recibido comunicación formal por parte de Geolatina SA, de la intención de esta de vender su participación en el consorcio, lo que implicará una modificación de su composición.
postergación. La ejecución finalmente del contrato con Parxin, adjudicado a finales del 2015, se dio tras la ratificación del Tribunal de Apelación y por la Corte Suprema de Justicia, que impone el cumplimiento de adjudicación.
En caso contrario el Municipio debe pagar una indemnización de USD 5 millones más intereses de aproximadamente siete años.
La implementación de un sistema tarifado generó múltiples quejas de los ciudadanos, que aseguran que no puede establecer dicha medida, y reclamaron más información sobre el sistema a ser usado.
