Luego de varias suspensiones, se inició ayer el juicio oral y público que enfrenta el ex comandante de la Policía Nacional comisario general Francisco Alvarenga y su esposa Mirtha Rotela, acusados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El juicio arrancó ya con el rechazo de las recusaciones planteadas por la defensa del ex comandante de la Policía y su esposa, la abogada María Elsa Portillo, quien solicitó la suspensión del juicio.
La representante legal alegó que la Fiscalía presentó la ampliación de la imputación a raíz de una nueva pericia que fuera realizada por el perito Luis Centurión, quien concluyó que el desbalance patrimonial del matrimonio fue de más de G. 2.000 millones y no de G. 1.046 millones, como se había presentado la imputación inicialmente en la causa.
Sin embargo, el incidente presentado por la abogada defensora fue rechazado y se logró dar inicio al juicio con la presentación de los alegatos iniciales. El juicio se viene posponiendo desde octubre del año pasado.
El Tribunal de Sentencia que atiende la causa está integrado por las juezas especializadas en Delitos Económicos de la Capital, Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Elsa García.
LA CAUSA. Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez y Natalia Fuster, acusaron al ex comandante Alvarenga y a su esposa en el 2016. Los agentes sostienen que cuando Alvarenga estaba al frente de la Policía Nacional declaró inmuebles por valor de G. 226 millones, pero al salir del cargo, declaró tener por G. 2.400 millones.
Los inmuebles fueron adquiridos en el 2014. Para la Fiscalía, la compra de los mismos no condice con lo percibido por el ex comandante. Su esposa tampoco pudo justificar con sus ingresos la compra de los inmuebles.
El caso se desprende de la investigación por el desvío de combustible en la Policía Nacional, por el que ya fue condenado a cuatro años de cárcel. En esa misma causa, fue condenado el suboficial mayor Roberto Osorio a 8 años, por el desvío de unos G. 1.200 millones de la Policía Nacional, dentro de un convenio firmado con Petróleos Paraguayos (Petropar).
La condena fue ratificada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
