Por su parte, el Partido Patria Querida (PPQ) denunció a dos jueces del Tribunal de la Segunda Sala, Guillermo Casco y Ariel Romero, alegando que generaron un escándalo jurídico en el Municipio.
La supuesta irregularidad que subraya el PPQ es que, acabada la intervención, Rojas no entregó el cargo al intendente suspendido Óscar Duarte, incluso pese a la recomendación del Ministerio del Interior. Indicaron que los jueces cometieron prevaricato. “Dictaron una medida cautelar en abierta violación al artículo 6º de la Ley 317/1994, que claramente señala que la suspensión de todo intendente electo dura únicamente el plazo de actuación del interventor municipal”, expresa el partido en un comunicado.
También la Junta Municipal decidió revocar la resolución que nombraba un intendente interino. No obstante, los dos magistrados entregaron la administración municipal a un concejal colorado. También denunciaron que el interventor gastó más de G. 800 millones en un corto tiempo.