La Cámara de Senadores trata hoy, en el punto nueve, el pedido de expropiación de 4.499 hectáreas de tierras en Ybyrarovana, distrito de Canindeyú, a favor de 430 familias de la comunidad Primero de Marzo, que ocupan hace 10 años las tierras reclamándolas como malhabidas, cedidas por la Dictadura de Alfredo Stroessner a Perfecta SA, a cambio de una avioneta.
La empresa es de la familia Bendlin, parientes políticos del ex presidente Horacio Cartes, quienes transfirieron las tierras a la Ganadera Pindo SA. La propiedad figura en el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) como un caso de tierra malhabida, y los antecedentes señalan que la avioneta, valuada en G. 3 millones, fue subastada en 1993 con precio base de G. 2.250.000 y, además, con retasa (disminución del precio) del 25%.
plan de desalojo. La Coordinadora por los Derechos Humanos en Paraguay (Codehupy) denunció que senadores rechazarían el proyecto para luego dar paso al desalojo de los productores, que ya cuentan con escuelas, centro de salud, iglesias católica y evangélica, instalaciones de agua corriente y de luz eléctrica, entre otros servicios brindados por el propio Estado.
Manifestaron que, en el marco de la ola de desalojos violentos contra comunidades campesinas e indígenas que se viven en las últimas, tras la modificación del Código Penal que aumentó las penas a las invasiones de propiedad privada, el tema fue incluido en el orden del día de hoy con la intención de archivar el proyecto de expropiación e impulsar la expulsión de las familias campesinas.
El proyecto de ley fue presentado en el año 2014 por los senadores del Frente Guasú Esperanza Martínez, Sixto Pereira, Hugo Richer y Carlos Filizzola, y quedó en estudio en las Comisiones.
Fue la senadora del Partido Patria Querida (PPQ) Georgia Arrúa de Dolinsky quien propuso el tratamiento en el plenario este jueves, con el fin del rechazo al proyecto de expropiación.
“En este momento, estamos asistiendo a una coyuntura, en donde sectores políticos y económicos, vinculados a las últimas reformas penales que se han dado para criminalizar la lucha por la tierra, están forjando acciones para desalojar a un asentamiento de más de 9 años de existencia, y hay 430 familias con un arraigo importante”, dijo el secretario ejecutivo de la Codehupy, Óscar Ayala, acompañado de referentes de la Federación Nacional Campesina (FNC), el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y la comunidad Primero de Marzo - Comisión Joaju.
“Queremos denunciar, como una maniobra, al intento de tratar el pedido de expropiación de estas tierras este jueves, y creemos que eso responde más que nada a una política encaminada a archivar ese pedido, y a proceder, como lo ha anunciado el fiscal Jalil Rachid, a desalojar a estas familias”, indicó.
