Luego de que la senadora colorada Lilian Samaniego presentara el controversial proyecto de ley de emergencia a pedido del Poder Ejecutivo, que establece una extensión de su vigencia hasta junio de este año, la Comisión Permanente del Congreso Nacional, que preside, resolvió convocar a ambas cámaras a una sesión extraordinaria para su tratamiento.
En principio, el proyecto iba a ser tratado primero en Diputados; sin embargo, al parecer por la falta de votos, se decidió que el trámite legislativo se inicie en el Senado, que sesiona hoy, a las 10:00, por moción de Samaniego.
Posteriormente, será tratado el martes por la Cámara Baja, que fue convocada para las 10:00.
Samaniego argumentó que es urgente tratar el proyecto debido a la crisis sanitaria y el aumento de casos de Covid 19. Lamentó las críticas de que se quiere despilfarrar el dinero debido al año electoral.
“El que se opone al tratamiento se está oponiendo al sistema de salud. ¿De qué tema electoral podríamos estar hablando?, si este proyecto va para seis meses. Vamos a ir midiendo. Acá hay una realidad en donde la Organización Mundial de la Salud sigue decretando el tema de la emergencia sanitaria a nivel mundial, pues más de tres millones ya se contagiaron con la nueva variante”, apuntó la legisladora oficialista.
Desde el cartismo también se pronunciaron en contra del proyecto.
“Una ley de emergencia debe estar bien estudiada y detallada, la propuesta actual no convence. El proyecto debería estar plenamente enfocado a la compra de vacunas. Vemos que esta prórroga de la ley de emergencia establece discrecionalidades que no pueden ser consideradas urgentes”, expuso el diputado de Honor Colorado Derlis Maidana.
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González dijo que el proyecto apunta a abrir la canilla para intendentes y gobernadores que robaron en pandemia.
“Estamos en contra de volver a abrir la canilla para que intendentes, gobernadores o gobierno central sigan robando el dinero de los contribuyentes, dinero que en gran parte debe ir para los más pobres y necesitados. Basta de joda, basta de robar”, manifestó.
La legisladora condicionó la aprobación del proyecto a la eliminación de la adjudicación de contratos mediante el rubro 800, para transferencias al sector privado, específicamente a comisiones vecinales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y otros, explicó Kattya.
“Durante la pandemia constatamos que municipios y gobernaciones utilizaron este rubro y transfirieron fondos a comisiones vecinales, ONG’S, muchas fantasmas, para que ejecuten obras en diferentes ciudades o compren medicamentos (sobrefacturados en gran parte)”, subrayó la parlamentaria.
Estamos en contra de volver a abrir la canilla para que intendentes, gobernadores o Gobierno central sigan robando. Kattya González, diputada del PEN.
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