Sería una buena expresión para la ley de la “De la reforma del tren de cercanías”, como si fuera que tuviéramos alguno en servicio en el país, o al menos en mal servicio. La propuesta fue presentada por el Poder Ejecutivo en noviembre pasado, tras el fracaso de la primera alternativa que iba a ser financiada por la República de Corea, los culpables del fiasco citado, según las autoridades de turno. Cuando se envió el proyecto al Congreso (“pasapapeles” una vez más) para su análisis, en el mismo día, la ministra de Obras Públicas decía a los medios que todavía se estaba ajustando, pero a hurtadillas el plan ya estaba, digamos, resuelto.
Es simpática la iniciativa del Gobierno, y aclaro que estoy a favor del plan, pero no de la opacidad. La promulgación de la ley fue así como se presentó, en silencio, y conste que al presidente de la República le gusta mucho exponer en redes sociales que está promulgando tal o cual normativa nueva y provechosa, como si legislar garantizara el absoluto éxito de un proyecto.
Hasta ahora se dijo que se van a necesitar 600 millones de dólares, pero todavía no se informó de dónde se va a sacar semejante suma de dinero, en medio de la ñandeko convergencia fiscal. Contaron que hasta un 30 por ciento de la inversión la pondría el Estado, es decir, 180 millones de dólares, y el resto (420 millones de dólares) el sector privado, en una sui generis alternativa que no es Alianza Público Privada (APP), que no es un proyecto de concesión solamente, que no es una propuesta por Ley 5074 (Llave en mano). Por ahora, son todas estimaciones, aproximaciones, sin detalles precisos, técnicos, puntillosos, de lo que se va a hacer.
Hay voces de alerta sobre una nueva experiencia como el Metrobús que no fue. Hay otras que dicen que no hay sector privado que aguante semejante inversión, pero también están los que aseguran que se va a conseguir la plata para tener al fin un transporte público ferroviario.
Lo que sabemos es que supuestamente el proyecto se ejecutará por fases, primero de Asunción a Luque, y después hasta Ypacaraí. Son 43 kilómetros, que serían cubiertos con un tren eléctrico, para empezar a ingresar a la modernidad por estos lares, al menos en lo que se refiere a transporte de pasajeros por vía terrestre.
Un pa'ã se avecina en el tema de la franja de dominio, que se establece en 14 metros a ambos lados de la vía del histórico tren Carlos Antonio López. Hay preocupación de los pobladores, muchos de ellos acusando nula comunicación desde el Gobierno. No contaron realmente cuánta plata pretenden destinar a despejar las tierras, aunque preliminarmente, en el Gobierno anterior, hablaron de 33 millones de dólares, no sabemos si ese número se mantiene, se reduce o creció. Esos son rasgos generales de la propuesta, sin particularidades esenciales.
Las autoridades son reacias a hablar del tema, es una política de este Gobierno, hablar lo menos posible de lo que queremos saber y más de lo que ellos quieren. En tiempos de información, pero no comunicación. En momentos donde prima la gacetilla por las páginas oficiales y las redes sociales, pero donde la negativa constante a las solicitudes de prensa va acogotando a los medios.
Mientras tanto, nos toca seguir aguantando los colectivos, la mayoría del tiempo con más de 35 grados de calor, con aires acondicionados que no funcionan, con aires acondicionados insuficientes, o peor, sin esas máquinas que hacen más tolerable la incandescencia de nuestro dilatado verano. Apretados vamos, a ver hasta cuándo.
