El Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, ratificó la imputación por supuesta producción de documentos no auténticos contra uno de los procesados en el caso donde inicialmente también se investigó al contralor general de la República, José Enrique García.
Se trata de Julio Rolando González Giménez, cuya defensa había apelado la resolución del 16 de marzo de este año, de la jueza Lici Teresita Sánchez, que había rechazado anular la imputación.
En el caso, además del citado González, también se encuentra procesado Rodolfo Duarte López, conforme con la imputación presentada por el fiscal Leonardi Guerrero.
Hay que recordar que la semana pasada el mismo Tribunal de Apelación había anulado todo el proceso al contralor García, debido a que tiene inmunidad y no fueros, con lo que debía ser sometido a juicio político para que se pudiera iniciar un proceso.
La imputación contra García y los demás fue a raíz del conflicto entre la firma Ivesur y la Municipalidad de Asunción, donde Enrique García se desempeñaba como asesor jurídico antes de ser designado contralor.
LA CAUSA. El caso se inició en el 2016. En ese tiempo, García era asesor jurídico de la Comuna capitalina.
La empresa Ivesur ganó a la Comuna una demanda sobre indemnización por daños por no exigir la inspección técnica vehicular (ITV) a los vehículos que entraban a la capital.
Cuando salió el fallo, el intendente Mario Ferreiro comunicó que la condena establece el pago de G. 8.000 millones como indemnización y G. 10.000 millones por intereses.
Este fallo no fue apelado y supuestamente se falsificó la documentación sobre el recurso por parte de García.
La defensa de González Giménez pide anular la resolución de la jueza Sánchez y, a la vez, la imputación, porque no reunía los requisitos.
Alega que la jueza no analizó la presentación fiscal.
Por su parte, la fiscala Yolanda Portillo había solicitado la confirmación del fallo de la magistrada.
En el análisis de los camaristas, se indica que la imputación fiscal reunía todos los requisitos, ya que designa a los imputados, la sospecha que se tiene de hechos punibles y el plazo para la investigación.
Con ello, los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Delio Vera confirmaron la resolución de la jueza y la imputación.
