Óscar Orué, titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (DNIT), confirmó la apertura de una fiscalización al diputado Orlando Arévalo (ANR-HC) tras ser denunciado por lavado de dinero y otros delitos por parte de la empresa constructora Rehobot, que realizó refacciones en su vivienda de Lambaré por valor de G. 2.400 millones.
La constructora cobró G. 2.000 millones por la construcción, dejando un saldo de G. 400 que el legislador debía abonar al finalizar la obra.
Según el abogado de la empresa, Arévalo se negó a que la empresa le remita las facturas correspondientes por las refacciones y realizaba los pagos con dinero en efectivo que traía en maletines.
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🔴 Tributación iniciará una fiscalización sobre los bienes de Orlando Arévalo tras denuncia de constructora por supuesta falta de pago
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) February 6, 2025
👉🏼 Óscar Orué, director de Ingresos Tributarios, expresó que en primera instancia solicitarán información a la constructora que denunció… pic.twitter.com/dIIZlmIQ5J
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Orué aclaró que la DNIT no tiene la facultad de investigar el delito de lavado de dinero, sino que buscará determinar si hubo una irregularidad en el pago de los impuestos del legislador.
Árevalo ya fue investigado por inconsistencias en el pago de sus impuestos en el año 2023 tras denuncias que medios periodísticos habían hecho sobre su incremento patrimonial y actividades no declaradas.
“Esa investigación finalizó y él (Arévalo) abonó la multa más los impuestos determinados por la administración”, expresó Orué en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
La denuncia contra Orlando Arévalo
El abogado Juan Martín Barba, en representación de la constructora Rehobot, presentó una denuncia en la sede central de la Fiscalía contra el diputado Orlando Arévalo y su esposa, Carolina González Pérez, por los delitos de persecución de inocentes, asociación criminal, lavado de dinero y otros delitos.
Barba señaló que una vez entregada la obra, Arévalo y su esposa realizaron una denuncia ante la Fiscalía por actividades peligrosas en la construcción, supuestamente, para evitar pagar un saldo de G. 400 millones que adeudaba el parlamentario.
Los representantes de la empresa fueron imputados por parte de la fiscala Sandra Ledesma y contaban con pedido de prisión que no fue concedido por el juzgado.
