Algo de esto ya lo comentamos en febrero del año pasado, cuando estábamos por recordar –en abril de ese año– los 30 años del asesinato de Santiago Leguizamón a manos de la mafia fronteriza.
Con la muerte de Humberto Coronel, la semana pasada en Pedro Juan Caballero, ya son 20 periodistas muertos durante la era democrática en nuestro país, lo que de por sí es preocupante, por lo que las autoridades no lo pueden dejar pasar.
A esto le sumamos que, en los crímenes de periodistas, existe un alto índice de impunidad ya que pocas veces pueden ser esclarecidos totalmente.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), solo uno de cada diez crímenes de comunicadores son esclarecidos.
A nivel mundial, según esta entidad, en los últimos 10 años, hubo nada menos que 1.500 periodistas muertos. En la región, México y Colombia son los más afectados, pero nuestro país, tampoco se queda atrás en las cifras.
La Mesa de Seguridad de Periodistas creó el año pasado el primer Observatorio de Violencia contra comunicadores en el Paraguay, donde se tienen documentados 300 casos en 30 años (1991-2021).
De esta manera, es evidente que el ejercicio de la profesión de periodista es peligroso. Y en la zona fronteriza lo es mucho más, porque es donde se dan más casos de muertes de los colegas.
No es que seamos especiales, sino que la función que cumplimos lo es. Nuestra tarea es imprescindible para la democracia. Servimos al pueblo, no a los gobernantes, como decía el famoso fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos.
Es que mal o bien, la tarea de los comunicadores es servir de contrapeso al poder estatal, es denunciar los hechos de corrupción, es controlar el cumplimiento de la Ley Suprema especialmente de los gobernantes.
De ahí que siempre haya enemigos por todos lados; la mayoría, por haber sido afectado por alguna publicación, en cualquiera de las plataformas actuales, prensa escrita, radial, televisiva, internet.
Además, el espectro se amplió mucho más. Como dije, no somos especiales ni ciudadanos de primera, pero con internet, las redes sociales hacen que, para definir a un periodista, no basta con que tenga un carné o trabaje para algún medio.
Ahora, cualquier persona puede cumplir este rol de informar a través de la web, con lo que incluso puede decirse que desempeña la función de periodista.
Esto hace que el Estado deba preocuparse aún más por la protección, pero no cumple con su triple función con respecto a los periodistas.
Es decir, la prevención para que estos hechos no ocurran; la de protección, en caso de que se den las amenazas a los comunicadores, y la procuración de justicia para esclarecer los crímenes consumados.
Con el caso de Humberto Coronel, como no funcionaron la prevención ni la protección, ahora estamos en la última etapa de procurar justicia.
De acuerdo con la Policía y la Fiscalía, el presunto autor ya fue identificado e imputado, con lo que tenemos un avance en este caso.
Pero no olvidemos que hay otro que fue amenazado también, quien pretende irse del país, por el miedo tras lo ocurrido con el colega la semana pasada.
Y aquí volvemos al principio. Evidentemente, su muerte cumplió con este triple efecto. Le quitó la vida al periodista. Privó a la sociedad toda de la información que podría brindar, y, finalmente, el amedrentamiento, porque el colega se quiere ir de país. Algo debemos hacer.
