Jorge Daniel Codas Thompson
Analista de política internacional
El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable el 30 de mayo pasado de delitos graves por un jurado de Nueva York. Los cargos consisten en la falsificación de registros comerciales relacionados con un pago a cambio de silencio realizado a una estrella de cine para adultos como parte de un esfuerzo por influir ilegalmente en las elecciones de 2016. El jurado consideró las pruebas y lo condenó de forma unánime por violar la ley electoral al encubrir pagos de dinero para mantener el silencio de la actriz pornográfica Stormy Daniels, quien afirma que tuvo una aventura con Trump. El veredicto, que declaró culpable al candidato presidencial republicano de un total de 34 cargos criminales, provocó reverberaciones políticas en todo Estados Unidos, país que se halla ya inmerso en la dinámica de las elecciones generales programadas para el 5 de noviembre de este año.
Esta es la primera vez que un ex presidente estadounidense ha sido condenado por un delito grave. También es la primera ocasión en que un condenado por un crimen se presenta como candidato a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. En principio, el resultado parecería reivindicar un principio estadounidense fundamental que ningún ciudadano, por más poderoso que sea, está por encima de la ley. Sin embargo, varios analistas y juristas argumentan que este proceso hará más por debilitar que afirmar el Estado de derecho en los Estados Unidos. Estos han citado numerosas alternativas para una apelación sólida y creíble y, además, lo más posible es que toda apelación se resolverá recién pasadas las elecciones en noviembre.
Este factor facilitará probablemente el fortalecimiento de la creencia entre los seguidores de Trump de que el caso no constituyó más que el resultado de una persecución política con ropaje judicial a su líder político. En particular, el veredicto es especialmente vulnerable por no existir un precedente jurídico de los cargos presentados por la Fiscalía de Manhattan.
De acuerdo con la legislación de Nueva York, la falsificación de documentos de gastos comerciales es un delito menor. Estos cargos prescribieron en 2019, pero al argumentar que dicho delito se perpetró para la comisión u ocultamiento de otro, el Fiscal Alvin Bragg acusó a Trump de delitos graves, que conllevan una pena de hasta cuatro años cada uno, con un máximo acumulable de veinte años. La argumentación de la Fiscalía, con la cual concordó el juez de la causa, estableció que los miembros del jurado ni siquiera tenían que ponerse de acuerdo sobre exactamente qué otra ley o leyes violó Trump, resultando en una vaguedad que posiblemente será uno de los motivos de apelación por parte de sus abogados defensores.
Para convertir el caso en uno involucrando delitos graves, los fiscales citaron una ley estatal que criminaliza la conspiración para influir en una elección a través de medios ilegales. Los fiscales plantearon tres argumentos al respecto. En primer lugar, adujeron que el dinero para mantener el silencio de Stormy Daniels constituía una contribución ilegal a la campaña. Este fue un punto fundamental de la estrategia fiscal, pues sólo los fiscales federales pueden acusar directamente de los delitos electorales atribuidos a Trump. Asimismo, plantearon que se falsificaron extractos bancarios y otros registros para pagar a la actriz. Por último, argumentaron que el reembolso al ex abogado de Trump, Michael Cohen (quien ejecutó la operación de compra de silencio de la actriz), no fue informado como corresponde a efectos fiscales.
En comparación con los otros casos pendientes contra Trump, éste siempre pareció demasiado complicado para lograr una legitimidad pública generalizada. El Fiscal Alvin Bragg, perteneciente al Partido Demócrata, fue electo para el cargo después de alardear de ser el más calificado para procesar a Trump, lo cual le dio al candidato republicano más argumentos para denunciar que es víctima de persecución política por parte de los aliados de su oponente, el presidente Joseph Biden.
La pregunta primordial ahora es si esto alterará las posibilidades de Trump en la carrera presidencial de este año: si las elecciones se celebraran hoy, sugieren algunas encuestas, vencería a Joe Biden. Sin embargo, una de las primeras encuestas realizadas después de la condena arrojan resultados que deberían preocupar a la campaña de Trump. Una encuesta de Reuters/Ipsos después de la condena a Trump dio como resultado que el 10% de los votantes republicanos considerarían no votar a Trump por haber sido condenado. Empero, la misma encuesta encontró que el 56% de los votantes republicanos registrados dijeron que el caso no tendría ningún efecto en su voto y el 35% dijo que era más probable apoyar a Trump al recibir la condena, apoyando las palabras del candidato republicano en cuanto a que los cargos constituyen una “cacería de brujas”, y que posiblemente ganaría el caso en una de las instancias de apelación. Queda por ver cuál será la actitud de los votantes independientes, quienes tienden a mantenerse alejados de la polarización política, y a tomar decisiones más apoyadas en lo racional.
Por otro lado, el proceso judicial por el pago a Stormy Daniels tuvo el paradójico efecto de revivir la campaña de Trump, que en Abril de 2023 se encontraba languideciendo hasta que el Fiscal Bragg lo procesó. Dentro de su partido, incluso sus críticos más acérrimos lo apoyaron y denunciaron que el caso no constituía más que un proceso de instrumentalización de la justicia para perjudicarlo como candidato. Trump no se ha dejado amilanar, y ha continuado su campaña con una actitud desafiante hacia el juez y la Fiscalía de Nueva York. Al mismo tiempo, el presidente Biden ha intentado acusar a Trump de ser un criminal, pretendiendo despejar al mismo tiempo toda duda respecto a la legitimidad del proceso judicial.
Existen razones para pensar que el daño del veredicto a Trump será limitado y que lo superará como lo ha hecho con tantos otros problemas que ha tenido. En primer lugar, los delitos graves no lo son tanto en la práctica. Los cargos reales se referían a documentos falsos conservados internamente en la Organización Trump; no existen evidencias de que nadie fuera de la empresa haya sido engañado por los mismos. En segundo lugar, la conducta en cuestión se hizo pública hace seis años cuando el ex abogado de Trump, Michael Cohen, el testigo principal de los fiscales, rompió relaciones con su exjefe. Hubo pocas revelaciones nuevas durante el juicio.
Desde el punto de vista de la defensa de Trump, también hay desafíos. En un caso más sencillo, Trump habría sido acusado directamente de violar las leyes de financiamiento de campañas. Pero sólo los fiscales federales pueden presentar ese cargo, y decidieron ya hace varios años no hacerlo. Dejando a un lado la débil teoría jurídica de la Fiscalía, resulta muy poco creíble que Trump no hubiera tenido una relación con Stormy Daniels, como planteó la defensa. Aún menos creíble parece el argumento de que Michael Cohen actuó por cuenta propia, sin la autorización de Trump. La defensa tuvo que lidiar con numerosos testigos que descalificaron a Trump como persona, llamándolo libertino y cuestionando su hábito de evitar el uso de correos electrónicos por temor a incriminarse en alguna ilegalidad.
En cualquier caso, la apelación de Trump probablemente tardará años en concluir. Dada la complejidad de la teoría jurídica elaborada por la Fiscalía de Nueva York, el veredicto bien podría revocarse. Pero antes de que pueda iniciarse cualquier apelación, el juez de primera instancia decidirá la sentencia el día 11 de julio. La prisión (cada cargo conlleva un máximo de cuatro años, hasta un total de 20 años) parece muy poco probable para un condenado sin antecedentes penales previos. Incluso en el improbable caso de que Trump fuera enviado a prisión, probablemente no iría hasta que se agotaran las sucesivas instancias de apelación.
Los otros cargos que Trump afronta, y que conllevan más gravedad y expectativas de pena, son dos casos federales, uno por mal manejo de documentos secretos relativos a la seguridad nacional, y otro por interferencia electoral, pero no hay expectativas de que los casos se juzguen antes de las elecciones del 5 de noviembre. Asimismo, soporta un proceso por intento de reversión electoral en el Estado de Georgia. En los dos primeros casos, si es electo presidente podría ordenar a su Fiscal General el retiro de los cargos, o incluso indultarse a sí mismo si es condenado y es electo presidente. En el caso del proceso judicial en Georgia, tampoco se espera que ocurra antes de las elecciones.
En resumen, y teniendo en cuenta todos los procesos penales que Trump tiene en contra, puede considerarse que se encuentra en una situación relativamente buena para concentrarse en su campaña electoral para retornar a la presidencia de los Estados Unidos. Queda por ver en los siguientes meses cómo reaccionan los votantes a la sentencia judicial programada para el próximo 11 de julio.
