En una rueda de prensa retransmitida desde Bedminster (Nueva Jersey), Trump (2017-2021) dijo que buscará probar la ilegalidad del veto de sus cuentas, pero también defender la Primera Enmienda de la Constitución y que las “Big Tech” dejen de “silenciar”, “poner en una lista negra” y “cancelar” a los estadounidenses.
Las cuentas de Trump en las redes sociales Facebook y Twitter permanecen suspendidas tras el asalto violento de una turba de sus seguidores al Congreso de EEUU el pasado 6 de enero, algo que ha calificado desde entonces de “censura” y “abuso”.
El ex mandatario iniciará en el estado de Florida la demanda, apoyada por el America First Policy Institute, que agrupa a políticos de su línea ideológica y ex miembros de su gabinete, y dijo que en su equipo legal contará con abogados que han defendido a empresas tabaqueras.
“El caso probará que esto es ilegal, inconstitucional y completamente antiestadounidense”, dijo Trump, que buscará “restitución” y compensación por “daños punitivos” por parte de los gigantes de las redes sociales, a quienes tachó de “agentes del Gobierno” de EEUU.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“Vamos a hacer rendir cuentas a las ‘Big Tech’ y será la primera de numerosas demandas. Vamos a ser líderes y cambiar el país. Será una batalla crucial en defensa de la Primera Enmienda y estoy seguro de que obtendremos la victoria para EEUU, para la libertad y la libertad de expresión”, dijo.
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El magnate invitó a unirse a la demanda a personas contrarias a su ideología, incluidos demócratas, bajo el argumento de que las grandes tecnológicas se han aliado con el Gobierno para decidir qué es desinformación, y que dentro de unos años podrían ser ellos las víctimas.
En su intervención se rodeó de varias personas agraviadas por suspensiones de sus cuentas y de figuras como Pam Bondi, ex fiscal del distrito sur de Florida, que forma parte del equipo litigador.
Bondi defendió que las redes sociales no deberían estar protegidas por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, creada para proteger a los niños de la explotación ‘online’, y que permite a las compañías tecnológicas moderar los contenidos en sus plataformas y, a la vez, las blinda ante consecuencias por el material publicado por usuarios.
