El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, señaló a la Monumental 1080 AM que el TSJE no tiene participación en los procesos de pedido de dinero de las agrupaciones políticas y los entes financieros privados.
Las sanciones impuestas por el Gobierno de los EEUU al actual presidente de la ANR, Horacio Cartes, llevaron a los colorados a plantear esta posibilidad a la Justicia Electoral para obtener un préstamo de G. 37.000 millones del Banco Continental, entidad bancaria que se caracterizó por otorgar préstamos al Partido Colorado en otros comicios.
El accionista mayoritario del Banco Continental es Carlos Raúl Espínola, cuñado del diputado colorado cartista Walter Harms, también accionista de dicha entidad financiera.

“Lo que pasa es que nosotros no tenemos por qué abrir o cerrar ventanas, eso depende exclusivamente del banco y del análisis que hagan del cliente para poder otorgar o rechazar un crédito. Nosotros no tenemos ninguna participación en esto”, dijo el director de Financiamiento Político del TSJE.
Fernando Ayala y Miguel Tadeo Rojas, protesorero y tesorero, respectivamente, solicitaron, en nombre del Partido Colorado, al TSJE permiso para un acuerdo de fideicomiso de garantía y fuente de pago de la ANR y el Banco Continental, para transferirle el dinero directamente a la entidad bancaria, sin pasar por la ANR, actualmente presidida por Cartes, declarado significativamente corrupto y sancionado por los EEUU.
Ruiz Díaz explicó que el TSJE no tiene razones o justificativos legales para avalar o rechazar dicha operación, por lo que es de única y exclusiva responsabilidad, tanto del banco como de la ANR.
“Lo que nosotros decimos es que no somos garantes, la Justicia Electoral no puede ser garante en absoluto, porque lo que el TSJE hace es pagar a las organizaciones políticas, pero es el Estado el que se compromete con estos grupos, una vez que cumplan todos los requisitos, en pagar el subsidio y el aporte estatal”, explicó.
El Partido Colorado necesita un crédito de G. 37.000 millones para solventar unas 768 candidaturas.
Los aportes estatales y subsidios electorales se establecen posteriormente a las elecciones generales, luego del análisis de la Justicia Electoral sobre las rendiciones que presenten las organizaciones políticas sobre sus gastos de campaña, y con base en el número de votos obtenidos en los comicios.
No podemos ser garantes, porque el TSJE es el que paga, pero el Estado es el que se compromete con los partidos.
Christian Ruiz Díaz,
director de Financiamiento.