Matteo Sirtori, jefe de Cooperación de la Unión Europea en Paraguay, defendió este viernes en Monumental 1080 AM las exigencias medioambientales de los europeos y que se prevén implementar con la adenda al Acuerdo de Asociación entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE), pendiente de firma desde el 2019.
El alto funcionario europeo sostuvo que, con esto, no pretenden “obstaculizar el comercio” de los países regionales, sino que se trata de requisitos ambientales que está implementando Europa y que también se están estudiando en Estados Unidos y el Reino Unido.
“Yo no creo que haya ninguna intención de obstaculizar el comercio, es un reglamento medioambiental. Se sabe ya que esa es la tendencia global, no es solo la UE, quizás tengamos requisitos estrictos, pero el Congreso de Estados Unidos está discutiendo esto, así como el Reino Unido”, afirmó.
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En ese sentido, dijo que este cambio puede representar “una oportunidad para que Paraguay y otros países productivos se vayan adaptando a requisitos que son globales”.
Recordó que las negociaciones para el Acuerdo entre la UE y el Mercosur duraron 20 años y ya se cerraron en 2019, por lo que espera que finalmente pueda ser firmado.
En tanto, aclaró que en mayo de este año la Unión Europea adoptó un nuevo reglamento, que justamente introduce algunos requerimientos para la exportación de productos a la UE.
“Esto responde a la necesidad de los europeos para que haya menos daño al medioambiente. Especifica criterios para que siete materias primas que más contribuyen a la deforestación ―ganado, aceite de palma, soja, cacao, caucho, café y madera― sean introducidas o exportadas a la Unión Europea. Los criterios son los mismos para países europeos o no europeos”, aclaró.
Señaló que el primer requisito es que las operaciones sean legales, mientras que el segundo es que no hayan causado deforestación. Lo segundo se determinaría a través de la georreferenciación, a fin de demostrar que las materias primas no causaron deforestación.
“Todos los países, incluyendo los productores europeos, se tienen que adaptar para cumplir con los requisitos. Estamos trabajando con el sector productivo y con otros gremios para aclarar las dudas. Todos los países van a estar en tres categorías de riesgo ―alta, media, baja―, pero esto aún no se ha definido”, refirió.
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Aseveró que están trabajando para que Paraguay se ubique en la categoría “que le corresponde” y que se prevé establecer un sistema público de información, donde todos los importadores o potenciales importadores podrán tener información sobre las categorías de riesgo, los países y los reglamentos.
Seguidamente, Sirtori reconoció que existe preocupación en todos los países que integran el Mercosur y dijo que esto es “legítimo porque todos estamos saliendo de nuestra zona de confort, incluyendo a los europeos”, pero reiteró que es importante que todos los mercados se vayan adaptando a las exigencias globales.
Si bien afirmó que Argentina atraviesa esa misma preocupación ―porque importa soja de Paraguay y reexporta a Europa, por lo que le será más complicado demostrar que la materia prima no causó deforestación―, se está preparando para adaptarse a los requisitos, al igual que Brasil.
“En el caso de Paraguay, no me preocuparía porque en la Región Oriental existe una Ley de Deforestación Cero. Gran parte de lo que ya hace Paraguay cumple con los requerimientos del reglamento, no creo que cause un impacto mayor. La mayor parte de la soja que se exporta a la Argentina y se envía a Europa proviene de la Región Oriental, donde se aplica la ley”, finalizó.
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Ya desde hace meses, gremios de la producción se pronuncian contra la adenda al Acuerdo entre el Mercosur y la UE, con la que los europeos incluirán las exigencias medioambientales. Al respecto, Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), dijo que “se va a entrar en una contradicción muy grande”.
Calificó la propuesta como “un puente” para lograr que la ley europea se aplique de forma extraterritorial y sostuvo que se pone en riesgo el comercio regional, se establecen barreras y se “distorsiona” el mercado, con el objetivo de “solapar los megasubsidios que tiene la comunidad europea”.