Para Ugaz, que hoy habló en Berlín de su nuevo puesto en una organización a la que ha estado ligado desde 2002, en América Latina existe una “corrupción estructural” y la gente se está acostumbrando a vivir con ella y cree que “es algo normal”.
Nacido en 1959 en Lima, Ugaz se licenció en 1984 en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP) y posteriormente realizó estudios de postgrado en la Universidad de Salamanca (España) y en el Institute of Social Studies de La Haya (Holanda).
A inicios de los años noventa inició su vinculación profesional en la lucha contra la corrupción y en defensa del buen gobierno cuando asesoró a las organizaciones holandesas Hivos y Novib en misiones de evaluación sobre el respeto a los Derechos Humanos en Costa Rica y Sri Lanka.
En 1992 participó como Oficial de Derechos Humanos en la misión de paz de Naciones Unidas en la guerra civil de El Salvador (ONUSAL) y al año siguiente regresó al país centroamericano como miembro de la misión de observadores electorales de la ONU.
Poco después fundó su estudio de abogados Benites, Mercado & Ugaz (actualmente Benites, Forno & Ugaz), y pronto comenzó a destacar como una autoridad en Perú contra la corrupción en su participación en varios casos durante la segunda década de los noventa.
El primero fue el escándalo de las transferencias del Estado a las empresas de Alberto Zanatti (1993-1994), luego las estafas del Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial (CLAE) en 1994 y, por último, un caso vinculado al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), en 1997.
Su labor en esos casos le sirvió para que Fujimori lo designara en 2000 como procurador ad hoc de la nación para investigar los delitos de su exasesor Vladimiro Montesinos, poco antes de que se descubriera la implicación del propio presidente y éste huyera a Japón para renunciar al cargo desde allí.
Como procurador, Ugaz sacó a la luz los sobornos y otros delitos económicos de Fujimori y Montesinos y por esa razón fue calificado como el abogado más poderoso del país en una encuesta que la revista peruana Semana Económica publicó en 2002.
Mientras estuvo al frente de la Procuraduría se abrieron más de 200 procesos judiciales contra 1.500 miembros de la red de Fujimori, Montesinos fue capturado en Venezuela en coordinación con el FBI y se recuperaron 150 millones de dólares en Perú, Suiza, EE.UU. e Islas Caimán, mientras que otros 205 millones fueron bloqueados.
En el libro “Caiga quien caiga”, publicado hace unos meses, Ugaz cuenta toda esa etapa en la que desempeñó una importante tarea en favor de la probidad en el manejo de los fondos públicos.
Además de ser considerado uno de los abogados más influyentes y reconocidos de Perú, emprendió una carrera internacional que lo llevó a ampliar su dilatada experiencia en la transparencia y honestidad de la administración pública, hasta ser funcionario anticorrupción del Banco Mundial en 2004, 2005 y 2006.
Pero antes de eso, en 2002, aceptó la invitación para presidir Proética, la filial peruana de Transparencia Internacional, ONG fundada en Berlín por el alemán Peter Eigen y que cuenta con delegaciones en 100 países, en los que elabora su reconocido índice de percepción de la corrupción.
El jurista peruano formaba parte del consejo de Transparencia Internacional desde que fue elegido por votación en 2011 y este domingo se impuso a Pascal Lamy, expresidente de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la votación final, celebrada en Berlín, para asumir la jefatura de la organización.
Desde 2008, José Ugaz también es miembro del consejo de la Conferencia Internacional de Anticorrupción (IACC, por sus siglas en inglés) y ponente en foros especializados de corrupción y lavado de dinero.
